El Ayuntamiento de Alcoy ha confirmado que estudia iniciar acciones legales contra una productora después de comprobar que imágenes de recurso tomadas junto a la tumba de Camilo Sesto, en el cementerio municipal de San Antonio Abad, han terminado en una película para adultos sin conocimiento ni autorización municipal. El caso ha desatado un debate sobre los límites de los permisos de rodaje en espacios sensibles y el impacto reputacional que este tipo de usos tiene para la ciudad y para la memoria del artista.
La controversia estalló cuando el grupo popular acusó al gobierno local, formado por PSPV-PSOE y Compromís, de haber permitido un rodaje de ese carácter en ese emplazamiento, calificándolo de falta de sensibilidad hacia la familia del cantante y hacia la ciudadanía. El ejecutivo municipal negó haber autorizado ningún contenido sexual y defendió que la Alcoy Film Office no concedió permisos para una producción pornográfica, sino para tomas genéricas sin contenido explícito.
Permiso para tomas de duelo, no para adultos
Según el consistorio, la productora firmó una declaración responsable, requisito obligatorio para obtener permiso de filmación, donde debía detallar sinopsis, tipo de contenido y canales de difusión. En ese documento la empresa describió que se trataba de tomas de carácter introspectivo y de duelo para una webserie con difusión en YouTube, plataforma que prohíbe el contenido para adultos. El gobierno local ha reiterado que en ningún momento se autorizaron ni se registraron escenas sexuales en el cementerio, por lo que el uso posterior en una película para adultos desborda lo que se había declarado y autorizado. De esta forma, el permiso amparaba únicamente la captación de recursos de contexto con finalidad no adulta y difusión en un canal generalista.
El Ayuntamiento ha añadido que, a la vista de la información disponible, la trayectoria pública de la empresa no hacía prever un destino distinto al comunicado, pues en su web muestra trabajos para fincas vitivinícolas o para una administración provincial y no consta material que indujera a sospecha. Con todo, posteriormente se ha sabido que entre sus servicios figura la grabación de recursos de contexto que comercializa a terceras productoras, una circunstancia que no se comunicó al solicitar el permiso. Esta intermediación complica el control del destino final del metraje y puede contravenir el espíritu de la autorización cuando se altera el propósito inicialmente declarado.
El ejecutivo municipal sostiene que ese proceder evidencia falta de transparencia e información relevante, por lo que se están analizando posibles vías legales. Entre los escenarios que el consistorio estudia se incluyen reclamaciones por uso no autorizado, la petición de retirada de las secuencias del producto final y la depuración de responsabilidades derivadas de un eventual incumplimiento de las condiciones del permiso, siempre dentro del marco normativo vigente.
Reaccion politica y cambios normativos
La derivada política ha sido inmediata. Mientras la oposición cuestiona la gestión municipal, el gobierno local replica que se está utilizando este caso para perjudicar la imagen de Alcoy, dañar la reputación del cementerio y manchar la memoria y la figura de Camilo Sesto. El cruce de reproches refleja que el asunto trasciende el ámbito audiovisual y afecta también a la proyección pública de la ciudad, especialmente en torno a un espacio de alto valor simbólico para vecinos y visitantes.
La concejal de Turismo, Lorena Zamorano, ha asegurado que se llegará hasta el final para depurar responsabilidades y estudiar todas las acciones legales a su alcance. Además, el Ayuntamiento ha explicado que aprovechará la próxima aprobación de la ordenanza reguladora de rodajes y producciones audiovisuales para reforzar y blindar las garantías en enclaves sensibles y patrimoniales. Ese refuerzo podría traducirse en mayores requisitos de trazabilidad del material grabado, controles sobre la cesión a terceros y cláusulas específicas que disuadan usos fraudulentos o engañosos, con el objetivo de impedir que vuelva a repetirse una situación similar.
En suma, el caso pone de relieve la tensión entre facilitar rodajes que impulsan la actividad audiovisual y proteger lugares de especial sensibilidad. El expediente permanece en estudio mientras el consistorio trata de limitar el daño reputacional y preservar la memoria de Camilo Sesto, eje emocional de la polémica.
