El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha ampliado el procesamiento por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola, en Alicante, perpetrado en agosto de 2002, e incluye ahora a cuatro exdirigentes de ETA como presuntos responsables por los delitos de asesinato, lesiones y daños terroristas.
Según el auto, al que ha tenido acceso el tribunal, los nuevos procesados son Ainhoa Múgica Goñi, Félix Ignacio Esparza Luri, Juan Antonio Olarra Guridi y María Soledad Iparraguirre, conocida como ‘Anboto’. La explosión del coche bomba causó la muerte de dos personas, entre ellas una niña de 6 años, y provocó numerosos heridos y graves daños materiales en el entorno de la casa cuartel.
El magistrado recuerda que por estos mismos hechos ya ha procesado en 2024 a Ramón Sagarzazu, ‘Ramontxo’, y a Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’. Sin embargo, considera necesario ampliar ahora la imputación a quienes integraban entonces el Comité Ejecutivo de la banda terrorista, conocido como Zuba, al entender que su papel directivo ha resultado determinante en la preparación del atentado.
Responsabilidad de la cúpula de ETA
En la resolución, Piña subraya que los autores materiales del ataque ya han sido condenados en causas anteriores. No obstante, entiende que la responsabilidad penal debe extenderse a los miembros de la cúpula de ETA que, presuntamente, ordenaron, coordinaron y facilitaron los medios para ejecutar la acción terrorista.
El juez sostiene que el atentado ‘fue posible gracias a la actuación coordinada de diversos órganos de la organización terrorista ETA, sometidos a las directrices emanadas del Zuba’. A su juicio, estas estructuras internas de la banda no se limitaron a una función genérica, sino que ‘participaron en los hechos investigados en el marco de las funciones directivas que desempeñaban dentro de la organización terrorista ETA’, por lo que considera ‘procedente’ ampliar el procesamiento acordado en 2024.
El auto detalla el presunto papel de cada uno de los procesados. Señala que Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica Goñi ‘desempeñaban la dirección de la estructura militar Otsagi, encargada del control, coordinación y abastecimiento de los comandos operativos’. Añade que Félix Ignacio Esparza Luri era el ‘máximo responsable del Aparato Logístico, encargado de la adquisición, preparación y suministro de los medios materiales empleados en los atentados’.
Respecto a María Soledad Iparraguirre, el magistrado indica que era ‘responsable del aparato de finanzas, participando en la gestión y distribución de los recursos económicos destinados al sostenimiento de la actividad terrorista’. Con esta descripción, el juez vincula la estructura financiera de la banda con la capacidad operativa de los comandos.
El papel de los apoyos logísticos
La resolución destaca que los informes policiales atribuyen a estas estructuras directivas ‘la provisión de los medios materiales necesarios para la ejecución del atentado, entre ellos el vehículo sustraído utilizado como coche bomba, las placas de matrícula falsas y el material explosivo’. Esos elementos, según el auto, resultan imprescindibles para cualquier acción de este tipo.
El juez añade que todos esos medios ‘habrían sido entregados al comando Argala ya preparados desde Francia, sin que los autores materiales dispusieran de infraestructura propia para su elaboración o acondicionamiento’. De este modo, concluye que el rol de la cúpula y de los aparatos de apoyo de ETA ha sido clave para materializar el atentado contra la casa cuartel de Santa Pola.
Con esta ampliación del procesamiento, la causa avanza en la depuración de responsabilidades dentro de la antigua dirección de la organización terrorista. La investigación se centra ahora en concretar hasta qué punto las decisiones adoptadas por el Zuba y sus distintos aparatos se tradujeron en órdenes directas y efectivas para el comando que ejecutó el ataque en agosto de 2002.
