La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha archivado la denuncia que el alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), presentó por la presunta revelación de la dirección de su vivienda en una rueda de prensa del grupo municipal socialista, un decisión que ha reabierto el choque político en el ayuntamiento.
Según la resolución, la Presidencia de la AEPD ha acordado archivar la reclamación formulada contra el grupo municipal socialista por una presunta vulneración del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). El documento indica que la decisión se ha adoptado tras analizar las alegaciones de las partes y a la luz del artículo 65 de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
La Agencia precisa además que el archivo de esta reclamación no impide que pueda llevar a cabo en el futuro nuevas actuaciones sobre el tratamiento de los datos afectados, en ejercicio de sus potestades de investigación y corrección. Es decir, la puerta a otras diligencias administrativas no queda cerrada de manera definitiva.
Reacciones enfrentadas en el Ayuntamiento de Elche
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Elche, Héctor Díez, ha dado a conocer este jueves el contenido de la resolución, que, según ha detallado, se firmó el pasado 25 de septiembre. A su juicio, el archivo confirma que el PSOE no ha difundido públicamente la dirección del domicilio del alcalde.
Díez ha reclamado a Pablo Ruz que ofrezca disculpas a la concejala socialista Patricia Maciá. Ha recordado que el alcalde la reprobó en un pleno y, según ha dicho, la descalificó ‘en base a una mentira’. Para el portavoz socialista, la resolución de la AEPD deja sin sustento esas acusaciones.
El dirigente socialista también ha exigido a Ruz que retire de sus redes sociales, de las del partido y de las de sus colaboradores un vídeo de aquella rueda de prensa. Según ha explicado, el alcalde solicitó a los medios las imágenes en bruto con la intención de emprender acciones judiciales y, posteriormente, difundió el vídeo en sus propios perfiles.
Díez ha subrayado que ningún medio de comunicación ha publicado la dirección de la vivienda del alcalde. Además, ha acusado a Ruz de haber utilizado este conflicto, en sus palabras, ‘para hacer daño político y personal’ a Patricia Maciá.
Por su parte, el alcalde ha defendido que la dirección de su domicilio se dio a conocer durante la rueda de prensa señalada, ante los micrófonos y en presencia de varios medios de comunicación, aunque estos no la incluyeran después en sus informaciones. Ruz sostiene que ese momento ya supuso una revelación pública de un dato sensible.
‘¿Lo que hizo la señora Maciá estuvo bien?’, ha planteado el regidor, que ha calificado de ‘gravísimo’ e ‘inmoral’ que ahora se le reclame que pida perdón. Según ha asegurado, todo este episodio le ha causado ‘mucho dolor’ tanto a él como a su familia.
Ruz ha anunciado que, una vez consultados sus abogados, presentará un recurso contra el archivo acordado por la AEPD. También ha avanzado que estudiará la posibilidad de acudir a la vía penal con el objetivo, ha dicho, de defender su integridad y la de su familia. Además, ha expresado sus dudas sobre la resolución administrativa y la ha vinculado a una motivación política, sin aportar más detalles.
El origen de la polémica se sitúa en septiembre de 2025, durante una rueda de prensa del grupo municipal socialista sobre los trámites para la construcción de la vivienda del alcalde. En aquel acto, la concejala Patricia Maciá facilitó la dirección del domicilio al responder a una pregunta concreta de un periodista presente.
Tras ese episodio, Ruz presentó una reclamación ante la AEPD, que en febrero de este año admitió a trámite la denuncia y abrió diligencias de investigación para aclarar lo ocurrido. Desde entonces, el caso ha añadido tensión al debate político en el consistorio ilicitano y ha centrado parte del enfrentamiento entre el equipo de gobierno y la oposición socialista.
El portavoz socialista ha acusado al alcalde de haber impulsado esta denuncia con el fin de desviar la atención sobre lo que considera una tramitación demasiado rápida de la licencia de obras de su vivienda. Ruz, en cambio, mantiene que la dirección se reveló públicamente en aquella comparecencia y que la actuación ha sido grave, más allá de la decisión ahora adoptada por la autoridad de protección de datos.
