La Guardia Civil ha arrestado en Alcoy (Alicante) a un hombre de 38 años y nacionalidad brasileña, considerado el cuarto integrante de una organización que ha trasladado a España a mujeres embarazadas brasileñas para que dieran a luz en el país y así obtener la nacionalidad española para sus hijos, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Burgos.
El detenido logró huir en un primer momento. Abandonó días antes su vivienda en Medina de Pomar (Burgos), justo antes del despliegue de la operación ‘Janduis’, en la que ya habían resultado detenidos varios miembros de la banda.
Según la investigación, este hombre asumía presuntamente la logística de la red criminal. Se encargaba de los traslados de ciudadanos extranjeros en situación irregular y de gestionar su alojamiento en seis inmuebles situados en diferentes municipios de la comarca de Las Merindades, en la provincia de Burgos.
Red dedicada a mujeres embarazadas brasileñas
Las pesquisas han permitido detener a tres personas en una primera fase, a las que se ha sumado ahora este cuarto arrestado. Con ello se ha desarticulado una organización criminal que ha obtenido beneficios económicos facilitando la llegada y la permanencia en España de mujeres embarazadas brasileñas en las últimas fases de gestación.
El objetivo, según los investigadores, era que los hijos de estas mujeres nacieran en territorio nacional. De esta forma, los integrantes de la red aprovechaban los nacimientos para tramitar la nacionalidad española de los menores y regularizar después la situación administrativa de sus progenitores.
Una vez que se producían los partos, los responsables de la organización forzaban la salida de las familias de los inmuebles donde se alojaban. Con esa rotación buscaban liberar espacio para nuevas mujeres embarazadas y mantener así de forma continua la actividad lucrativa del grupo.
Durante la investigación, los agentes también han detectado el uso supuestamente fraudulento de contratos de arrendamiento ficticios o elaborados con la única finalidad de aparentar una residencia efectiva en determinados domicilios.
Estos contratos servían para gestionar empadronamientos y acreditar una residencia que, en realidad, no existía. Con esa documentación se facilitaba la obtención de beneficios administrativos vinculados a la regularización y permanencia de las personas afectadas en territorio español.
Al último detenido se le atribuye su presunta implicación en un delito continuado de favorecimiento de la inmigración irregular. Además, se investiga su papel en un posible delito de organización criminal y otro de coacciones.
La operación sigue abierta y los investigadores no han descartado nuevas detenciones relacionadas con esta red de inmigración irregular.
El arrestado ha sido puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Villarcayo, Sección Civil y Penal número 2, que dirige la investigación judicial y conoce de la causa. Junto a él se han remitido las diligencias instruidas y los efectos intervenidos durante la operación policial.
