El sector pirotécnico ha reclamado a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana que garantice la seguridad y el uso público de la plaza del Ayuntamiento de València para poder disparar la mascletà del 9 d’Octubre, tras la Procesión Cívica y la ofrenda al rey Jaime I, en un espacio donde se mantiene instalada una acampada de protesta por la vivienda.
La industria está representada por la Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO) y la Asociación Valenciana de la Pirotecnia (PIROVAL), con el respaldo de la Asociación de Comerciantes de Fuegos Artificiales de España (ACFAE) y de la Asociación Galega de Industriais Pirotécnicos (AGIP).
En un comunicado, estas entidades han pedido seguridad jurídica a la representación del Gobierno central, que encabeza Pilar Bernabé, y han reclamado la ‘restitución inmediata del uso público‘ de la plaza del Ayuntamiento. Además, han advertido de posibles ‘responsabilidades penales y patrimoniales’ para los responsables políticos si no se actúa.
Preocupación por la mascletà y el congreso internacional
La industria pirotécnica ha expresado su ‘profunda preocupación e incertidumbre‘ por la ‘falta de garantías de seguridad’ para el normal desarrollo de los actos oficiales del 9 d’Octubre y para la cita internacional prevista la próxima semana en la misma plaza.
El sector califica de ‘inadmisible e incongruente’ la ‘complicidad institucional’ de la Delegación del Gobierno, a la que reprocha que, pese a tener que autorizar los espectáculos pirotécnicos del 9 d’Octubre y del ’20th International Symposium on Fireworks’, ‘consiente simultáneamente una acampada ilegal que impide físicamente el montaje seguro de las instalaciones’.
Las asociaciones han exigido a la Delegación del Gobierno ‘una solución inmediata‘ que asegure la celebración, en condiciones estrictas de seguridad, de la mascletà prevista para el viernes 9 de octubre en la plaza del Ayuntamiento.
El sector ha avisado de que, si la situación se mantiene, ‘obligará a exigir responsabilidades patrimoniales directas a la Administración por todos los daños y perjuicios económicos derivados de la suspensión o alteración de los actos’.
AEPIRO y el resto de organizaciones denuncian ‘la intolerable inacción de la Delegación del Gobierno, cuya pasividad ante una ocupación ilegal que ya es abiertamente indefinida ampara un desborde intolerable del derecho de reunión’.
A su juicio, ‘esta flagrante dejación de funciones traspasa la línea de la mera gestión administrativa’ y, al comprometerse ‘de forma crítica’ la seguridad y los bienes públicos, ‘los hechos darán lugar a la exigencia de responsabilidades personales, incluso penales, de las autoridades responsables’.
Protección del BIC y reputación del sector
AEPIRO ha advertido también de que tolerar la ocupación del espacio público no solo impide los disparos, sino que ‘sabotea directamente un Bien de Interés Cultural (BIC) blindado por el Estado mediante el Decreto 127/2016 (BOE de 14 de noviembre de 2016), que protege legalmente la Procesión Cívica y los actos oficiales que concluyen en la plaza’.
La asociación ha añadido que ‘la ocupación de la plaza no solo amenaza la tradicional mascletà de la fiesta autonómica, sino que pone en jaque la celebración del 20th International Symposium on Fireworks, el congreso mundial más importante del sector pirotécnico que se celebra del 11 al 16 de octubre de 2026’.
‘El perjuicio en la reputación y la economía, de no poder arrancar el congreso, es incalculable’, ha remarcado AEPIRO, que teme el impacto tanto para las empresas españolas como para las firmas internacionales que participan en la cita.
Las entidades han subrayado que la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) del Reglamento estatal de Pirotecnia impide soluciones improvisadas o traslados de última hora. Según recuerdan, ‘los espectáculos pirotécnicos de gran envergadura no se pueden improvisar‘.
Cualquier disparo en el centro de la ciudad está sujeto a la ITC, que fija perímetros de seguridad y zonas de exclusión milimétricas. Estas condiciones requieren meses de previsión técnica, reuniones previas de seguridad y la firma de planes de emergencia específicos.
‘Cambiar la ubicación de la mascletà o del show del día 11 de octubre de manera improvisada es inviable legal y técnicamente; pretender disparar con estructuras ajenas montadas en la plaza pondría en riesgo la seguridad pública y anularía los permisos’, han recalcado las asociaciones.
Por ello, han adelantado que reclamarán por vía judicial el total de los daños y perjuicios económicos causados a las empresas adjudicatarias y a las marcas internacionales patrocinadoras ‘en caso de que los espectáculos de la plaza del Ayuntamiento tengan que suspenderse, retrasarse o sufrir modificaciones por no garantizarse el montaje seguro’.
