Las sucesivas alertas por lluvias intensas en la provincia de Castellón han obligado al cierre de empresas, comercios y servicios desde este jueves, lo que ha elevado de forma notable los costes económicos para el tejido empresarial, según ha advertido el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en Castellón, Luis Martí.
Martí ha explicado que cada nueva activación de alertas meteorológicas conlleva paradas de actividad, pérdidas de facturación y costes laborales. Estos efectos se han repetido con frecuencia en los últimos episodios de lluvias, lo que, a su juicio, agrava el impacto para las compañías de la provincia.
‘Es un coste que empieza a ser muy alto por la recurrencia en la declaración de estas alertas meteorológicas’, ha señalado el dirigente empresarial. Ha subrayado que esta situación se ha hecho especialmente visible en las últimas horas por la alerta roja por lluvias en Castellón.
Reparto de costes y marco regulador
El presidente de la CEV en Castellón ha planteado que, una vez finalizado el episodio de lluvias, resulta necesario abordar de forma específica el impacto económico de estas situaciones. En su opinión, no se trata solo de un problema puntual, sino de un escenario que se repite y que condiciona la planificación de las empresas.
‘Yo creo que una vez pasada esta alerta esto requeriría una negociación entre los trabajadores, entre los empresarios y el Gobierno para ver estos costes económicos, que cada vez son más importantes, cómo se reparten de una forma equitativa que no perjudiquen la productividad de las empresas’, ha afirmado Martí.
El representante empresarial ha defendido que ese futuro diálogo debería aclarar qué parte del coste asume cada actor implicado cuando la autoridad decreta el cierre por motivos de seguridad. Ha apuntado que la falta de claridad genera incertidumbre en las plantillas y en las direcciones de las compañías, que deben reaccionar con poco margen de tiempo ante cada aviso.
Martí ya ha reclamado en otras ocasiones un marco regulador que clarifique cómo deben actuar las empresas y los trabajadores ante situaciones de emergencia y alertas meteorológicas. Considera que una regulación específica permitiría reducir conflictos, asegurar la protección de las personas y, al mismo tiempo, dar estabilidad a la organización del trabajo cuando se repiten estos episodios de lluvias intensas.
Según ha expuesto, contar con reglas claras ayudaría a planificar mejor cierres temporales, turnos, teletrabajo o recuperaciones de jornada. También facilitaría que las compañías puedan calcular con antelación el posible impacto económico de una alerta y adoptar medidas para minimizar las pérdidas sin poner en riesgo la seguridad de la plantilla.
