La Policía Nacional ha detenido a siete personas, cuatro hombres y tres mujeres, como presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres extranjeras en Alcoy. Cinco víctimas han sido liberadas durante la fase final de una investigación que se inició hace un año y que ha permitido descubrir una estructura con diferentes funciones para captar a las mujeres, controlar los pisos y gestionar los servicios.
Seis de los arrestos se han producido en Alcoy y el séptimo en Madrid. Los detenidos están investigados por la presunta comisión de delitos relacionados con la prostitución y explotación sexual, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.
La investigación arrancó en septiembre de 2025 después de que la Brigada de Extranjería de la Comisaría de Alcoy recibiera una información anónima mediante colaboración ciudadana. El aviso señalaba la existencia de una vivienda en la que se ejercía la prostitución bajo el control de una organización que presuntamente explotaba a mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad.
Las primeras pesquisas permitieron comprobar que las personas relacionadas con ese inmueble también acudían a otros domicilios en los que se ejercía la misma actividad. Los investigadores constataron además que esas viviendas coincidían con las ofertadas en anuncios publicados en Internet.
Algunos de estos inmuebles estaban ocupados ilegalmente y pertenecían a entidades bancarias, mientras que otros habían sido alquilados a nombre de miembros de la propia organización. El grupo cambiaba periódicamente de ubicación, especialmente cuando surgían problemas en los edificios donde desarrollaba su actividad.
Una organización con funciones repartidas
El avance de la investigación permitió identificar los diferentes papeles que desempeñaba cada integrante. La organización contaba con personas encargadas de conseguir viviendas, captar mujeres mediante redes sociales y anuncios, suministrar drogas cuando eran solicitadas por los clientes, atender las llamadas, recibir a los usuarios y trasladar a las víctimas.
La madre del considerado cabecilla figuraba como titular de varias líneas telefónicas utilizadas para publicar anuncios de servicios sexuales. Una de estas líneas también se empleaba para cobrar mediante una aplicación móvil los servicios realizados por las mujeres.
La expareja del principal investigado también habría participado en la estructura y recibía pagos a través de otra línea telefónica de la que era titular. Otra de las mujeres detenidas se encargaba de atender las llamadas y recibir a los clientes en los distintos domicilios.
La actividad se mantenía durante las 24 horas del día y los siete días de la semana, lo que provocó quejas vecinales por el continuo trasiego de personas, los ruidos durante la madrugada y los olores relacionados con el consumo de drogas. Cuando las molestias generaban problemas, la organización trasladaba su actividad a otra vivienda.
Los investigadores también detectaron continuos desplazamientos de las víctimas desde los pisos hasta domicilios de clientes. Para realizar estos trayectos se utilizaron más de diez vehículos de alquiler diferentes, una práctica con la que presuntamente se pretendía dificultar el seguimiento policial.
Uno de los detenidos que participaba en estos traslados tenía además empadronadas en su domicilio a varias personas que se encontraban en situación irregular.
Cerca de 100.000 euros de beneficio
La Policía Nacional sostiene que las mujeres eran obligadas a hacer frente a una supuesta deuda contraída con la organización. Para cobrarla, el grupo se quedaba con un elevado porcentaje del dinero obtenido por cada servicio sexual que realizaban las víctimas.
Los agentes calculan que la estructura habría obtenido un beneficio cercano a los 100.000 euros. Entre los movimientos económicos analizados figura una cuenta vinculada al presunto cabecilla que recibió 365 pagos por un importe conjunto superior a 40.000 euros, además de 76 ingresos en cajeros que sumaban cerca de 20.000 euros.
Varios de los arrestados contaban ya con antecedentes por otros delitos, algunos de ellos relacionados directamente con los hechos investigados en esta operación.
La intervención policial ha incluido inspecciones en los domicilios utilizados por la organización, donde fueron localizadas y liberadas cinco mujeres que presuntamente estaban siendo explotadas sexualmente.
Los arrestos se han desarrollado en tres fases. Cinco de los siete investigados fueron detenidos el mismo día en que se realizaron las inspecciones y otro fue arrestado varios días después. La séptima persona investigada fue localizada por agentes de la Brigada de Policía Judicial en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas cuando pretendía tomar un vuelo con destino a Alemania.
Tras completar las diligencias policiales, los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alcoy.
