La jueza del Juzgado de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la DANA ha acordado prorrogar seis meses la investigación a partir del próximo 30 de octubre, con el respaldo de la Fiscalía, porque siguen pendientes declaraciones de perjudicados y testigos, además de varios informes forenses.
Según consta en un auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha explicado que aún no se han podido completar todas las diligencias previstas y que podría ser necesario acordar nuevas pruebas durante ese periodo adicional de instrucción.
Investigación compleja y posibles nuevas pruebas
La instructora ha subrayado en su resolución que la causa tiene una gran complejidad y que su objeto es de extrema gravedad. Por ello, ha señalado que se ha tenido que practicar un número muy elevado de pruebas y que ese volumen de actuaciones puede obligar a acordar nuevas diligencias más allá del 30 de octubre, fecha en la que inicialmente estaba previsto que concluyera la investigación.
La jueza ha añadido que no ve factible cerrar la instrucción antes de esa fecha. Entre las actuaciones pendientes ha citado la declaración de más perjudicados, lo que podría derivar en la realización de nuevos informes médico-forenses, así como la toma de testimonio a más testigos, que a su vez puede hacer necesaria la práctica de nuevas diligencias.
En el auto también se recoge que el estudio de posibles nuevas víctimas mortales puede llevar a acordar nuevas declaraciones testificales o a reconocer la condición de perjudicadas a más personas afectadas por la DANA.
La magistrada ha indicado además que no se puede descartar que finalmente se logren recuperar los mensajes del día de la DANA del teléfono de José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresident de la Generalitat Carlos Mazón. Según detalla la resolución, se ha intentado obtener esas comunicaciones y, en caso de éxito, podrían incorporarse como nueva prueba a la causa.
Una vecina de 93 años no será considerada víctima mortal
En otra resolución, la jueza ha rechazado la petición para incluir como víctima mortal de la DANA a una mujer de 93 años, vecina del barrio de La Torre, en Valencia, que falleció el 25 de noviembre de 2024 en el Hospital de Manises.
La mujer se resbaló en su vivienda por el lodo dos días después de la riada, se golpeó en la cabeza y, días más tarde, sufrió un infarto. Sin embargo, la magistrada ha adoptado la decisión de no incorporarla como fallecida vinculada a la DANA tras recibir un informe del Instituto de Medicina Legal de Valencia.
Ese informe pericial concluye que no existe una relación de causalidad directa entre las lesiones sufridas por la mujer en el contexto de la DANA y su posterior fallecimiento. Los forenses atribuyen la muerte a un estado previo de marcada fragilidad y a una grave patología cardiovascular y sistémica, por lo que la jueza considera que no procede contabilizarla como víctima mortal en esta causa penal.
