El Tribunal de Instancia de Alicante ha admitido la querella del fundador de Filnetwork, Pascual Pérez, y ha citado al consejero delegado de Vodafone España, José Miguel García, para que declare como investigado el 1 de septiembre por presunta administración desleal vinculada a la gestión de la marca Finetwork.
Según consta en el auto judicial, la magistrada de la plaza número 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha apreciado que los hechos relatados en la querella presentada por el empresario alicantino y su sociedad El Flautista S. L. ‘presentan, aparentemente, los caracteres de un delito de administración desleal’. Además, el escrito ‘reúne los requisitos establecidos en el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal’.
En consecuencia, el juzgado ha fijado ‘el próximo día 1 de septiembre a las 11.00 horas para recibir declaración en calidad de querellado a D. José Miguel García Fernández, a través de videoconferencia con los Juzgados de Madrid, remitiéndose copia de la querella y de los documentos aportados para su traslado’. Esta citación supone que el máximo responsable de Vodafone España deberá responder ante la jueza sobre su actuación en la operación con Finetwork.
El entorno jurídico de Pascual Pérez ha explicado que el empresario compareció ante el juzgado el pasado 28 de julio. En esa declaración ha ratificado la querella en los términos recogidos en el auto de admisión, lo que ha permitido la apertura formal de la investigación penal.
Compatibilidad de cargos en Vodafone y Finetwork
La querella, presentada por el fundador de la empresa matriz de Finetwork, Wewi Mobile, detalla que desde el 7 de octubre de 2025 al 29 de abril de 2026 José Miguel García ha ejercido de forma simultánea como primer ejecutivo y apoderado de Vodafone España y como administrador único de la compañía alicantina.
Según el escrito, durante ese periodo García ha firmado el contrato por el que la marca Finetwork ha pasado a Vodafone, así como un acuerdo de compensación de deudas entre ambas sociedades. La acusación sostiene que estas decisiones se han tomado mientras ostentaba responsabilidades en las dos partes implicadas, lo que podría haber generado un conflicto de intereses en perjuicio de la empresa alicantina.
A juicio de la acusación particular, estas actuaciones podrían constituir presuntos delitos de administración desleal agravada, falseamiento de cuentas anuales, estafa procesal agravada e insolvencia punible. El juzgado deberá determinar ahora, a la vista de la declaración de García y de la documentación aportada, si los indicios iniciales se confirman y la causa avanza hacia una fase más intensa de instrucción.
Además de la investigación penal, la querella incluye una solicitud de medidas cautelares. La acusación ha pedido la suspensión de la inscripción de la marca Finetwork a nombre de Vodafone España, con el fin de evitar cambios registrales mientras se esclarecen los hechos.
También ha reclamado la conservación judicial de las fuentes de prueba documentales y electrónicas, para garantizar que contratos, correos y registros contables se mantengan intactos. De este modo se busca asegurar material probatorio relevante hasta que la jueza decida si se practican diligencias periciales más profundas.
Por último, la acusación particular ha solicitado que se imponga a los querellados una fianza de 50 millones de euros. Esta cuantía pretende cubrir posibles responsabilidades civiles derivadas de los delitos que se investigan, en caso de que finalmente se dicte una sentencia condenatoria.
La comparecencia de José Miguel García como investigado el 1 de septiembre, por videoconferencia desde Madrid, será un primer test clave sobre la solidez de las acusaciones y la evolución futura del procedimiento abierto en Alicante en torno a la operación sobre Finetwork.
