La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha confirmado que la Comunitat Valenciana no ha asistido a la Conferencia Sectorial de la Inmigración en Madrid y ha asegurado que el Consell no va a avalar el actual proceso de regularización de personas migrantes impulsado por el Gobierno de España, que ha cifrado en 167.000 las personas regularizadas en esta autonomía.
Según ha denunciado, el Ejecutivo central ha puesto en marcha este proceso migratorio sin la participación real de las comunidades autónomas y sin la información previa necesaria, lo que, a su juicio, impide a territorios como la Comunitat Valenciana planificar los recursos sanitarios, sociales, de vivienda y de empleo para atender a las nuevas personas regularizadas.
Críticas al proceso y a la Conferencia Sectorial
Camarero ha calificado la actuación del Gobierno de España como una nueva ‘muestra de deslealtad institucional’ en materia de regularización de personas migrantes y ha subrayado que la Comunitat Valenciana ‘no va a blanquear la política migratoria’ del Ejecutivo central.
Ha criticado que el proceso de regularización se ha llevado a cabo, en su opinión, ‘de forma impositiva, con opacidad y de espaldas a las comunidades autónomas, rechazando las solicitudes realizadas por parte de las autonomías y sin contar con la coordinación de las diferentes administraciones, la financiación necesaria ni el impacto en los servicios públicos’.
En este contexto, la vicepresidenta se ha sumado a otras autonomías que han declinado participar en Madrid en la Conferencia Sectorial de la Inmigración convocada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al considerar que ‘se trata de un intento de blanquear una política migratoria inútil, nefasta y contraria a la Unión Europea’.
‘El Gobierno de España ha vaciado este órgano de su verdadera finalidad, que es la cooperación entre administraciones’, ha señalado Camarero, según un comunicado de la Generalitat.
Además, ha indicado que ‘la prueba más evidente es que esta convocatoria se ha programado 15 meses después de la anterior, renunciando a abordar el proceso de regularización y los criterios de reparto de fondos del llamado Plan de Integración, que es donde se tendría que haber debatido’.
Para la vicepresidenta, el Ejecutivo central ‘ha renunciado a mantener cualquier tipo de diálogo o debate sobre la política migratoria y traslada la responsabilidad a las autonomías, buscando ahora el aval a un proceso de regularización irresponsable y diseñado al margen de las administraciones que gestionan buena parte de su impacto y del peso de los servicios públicos’.
Falta de información y de planificación económica
Camarero ha lamentado que, antes de la celebración de esta Conferencia Sectorial, no se haya remitido la documentación solicitada por las autonomías, ni la información que justifique la aprobación del Real Decreto de Regularización.
Ha añadido que, según la Generalitat, ‘no existe ningún estudio de impacto económico o un calendario de trabajo sobre el reparto de fondos del Plan de Integración’, lo que, a su juicio, agrava la incertidumbre sobre la financiación de los servicios públicos.
La responsable de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad ha incidido también en que el último proceso de regularización de personas migrantes se ha llevado a cabo ‘sin atender las directrices en materia migratoria de las principales instituciones europeas en relación con el control de fronteras, la cooperación con los países de origen y el apoyo a la migración legal y circular’.
En su lugar, ha afirmado que ‘desde el Gobierno de España se ha optado por un proceso que no resuelve el problema de fondo, no ordena los flujos migratorios, ha generado un efecto llamada, no planifica el proceso de integración e inclusión social de las personas regularizadas y traslada toda la presión y responsabilidad a las comunidades autónomas’.
La vicepresidenta ha insistido en que esta situación complica la organización de los recursos autonómicos, ya que las comunidades son las que asumen buena parte de la carga en sanidad, servicios sociales, educación, vivienda y empleo.
Coste asistencial y presión sobre los servicios en la Comunitat Valenciana
En cuanto a las cifras totales de personas regularizadas, Camarero ha resaltado que, según sus datos, ‘la previsión inicial del Gobierno de España se ha más que duplicado, al pasar de una estimación de 500.000 a 1,2 millones de personas migrantes regularizadas’.
‘A nuestro juicio, sus previsiones han fallado estrepitosamente y se ha generado un efecto llamada hasta ampliar a más del doble la previsión inicial’, ha enfatizado la vicepresidenta, quien ha añadido que se trata de ‘una circunstancia que provoca que las comunidades autónomas no podamos ofrecer una respuesta adecuada a nivel asistencial ni de prestación de los servicios públicos básicos’.
En el caso concreto de la Comunitat Valenciana, se ha regularizado a 167.000 personas migrantes. Una cifra que, según Camarero, ‘supone un coste de acogida inasumible para los valencianos y las valencianas por el impacto que conlleva en la sanidad, los servicios sociales, la vivienda o el empleo’.
Ha recordado además que la Comunitat Valenciana es la tercera autonomía con mayor acogida de personas migrantes, con el 14 % del total de España, solo por detrás de Madrid y Cataluña.
Por este motivo, ha reclamado al Gobierno de España ‘la transferencia de los fondos necesarios que permitan la atención sanitaria, la prestación de los servicios sociales o el acceso a una vivienda por parte de las nuevas personas regularizadas’.
Camarero ha considerado también una ‘deslealtad’ que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante su visita de este miércoles a la Comunitat Valenciana ‘no se haya reunido con la Generalitat para trasladar las cifras del proceso de regularización y establecer un plan de trabajo coordinado para la prestación de los servicios públicos básicos’.
Como alternativa, Susana Camarero ha defendido ‘un proceso de regularización ordenado, legal, vinculado al empleo y coordinado, en todo momento, junto a las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el conjunto de las administraciones’, de forma que se garantice la integración de las personas migrantes y la sostenibilidad de los servicios públicos en territorios como la Comunitat Valenciana.
