La Comunitat Valenciana concentra el 70 % del presupuesto nacional destinado a reparar los daños y estabilizar las playas, según el informe Destrucción a Toda Costa 2026 presentado por Greenpeace. La organización cifra estas actuaciones en 170,7 millones de euros y reclama un cambio en la gestión del litoral frente a la subida del nivel del mar y la pérdida de sedimentos.
La publicación del estudio coincide con la iniciativa impulsada por la Generalitat y otras cinco comunidades autónomas para que el Ministerio para la Transición Ecológica traslade a la Comisión Europea sus alegaciones a la modificación del Reglamento General de Costas.
Greenpeace sostiene que la reposición artificial de arena resulta cada vez menos eficaz porque los temporales se llevan las aportaciones en periodos cada vez más cortos. Frente a estas actuaciones, propone restaurar dunas y marismas para que funcionen como defensas naturales ante el oleaje.
La organización ha identificado 32 puntos críticos en el litoral de la Comunitat Valenciana. También advierte de que más de 100 kilómetros del golfo de Valencia presentan una vulnerabilidad extrema por la subida del nivel del mar y la escasez de sedimentos.
El informe señala que los temporales han causado daños en el paseo marítimo de Almassora, las pasarelas de Peñíscola y los accesos del Cabo de las Huertas. También cita las regeneraciones realizadas en Sagunto, Canet d’en Berenguer, Sueca y Cullera, con una inversión de 42,6 millones de euros y tres millones de metros cúbicos de arena.
Greenpeace advierte además del impacto de las infraestructuras que alteran el movimiento natural de los sedimentos. La organización vincula las ampliaciones del Puerto de Castellón con la regresión de las playas de Burriana y señala que el dique norte del Puerto de València reduce la llegada de arena hacia el sur.
La entidad sitúa la playa de Tavernes de la Valldigna como uno de los puntos más críticos. Según el informe, la playa seca ha pasado de unos 50 metros en la década de 1960 a apenas cinco metros en 2026.
El documento también recoge los efectos del calentamiento del Mediterráneo sobre la biodiversidad marina. Greenpeace señala la detección de la microalga Gambierdiscus australis en las costas de Dénia y Xàbia, la acumulación de microplásticos en Alicante y Benidorm y la reducción del tamaño y la tasa de reproducción del boquerón y la sardina.
La Generalitat reclama que Bruselas conozca sus alegaciones
En paralelo, la Generalitat, Andalucía, Galicia, Murcia, Baleares y Cantabria han reclamado al Ministerio que remita a la Comisión Europea las alegaciones presentadas por estas autonomías al proyecto de modificación del Reglamento General de Costas.
Las seis comunidades consideran necesario que sus observaciones se incorporen al expediente del procedimiento de infracción abierto por la Unión Europea contra España. También cuestionan que el Gobierno haya optado por modificar únicamente el reglamento y haya aplazado la reforma de las normas con rango de ley.
El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha defendido que Bruselas debe conocer la posición de las administraciones autonómicas con competencias directas sobre el litoral, la ordenación territorial, el medio ambiente, los puertos, la pesca y la acuicultura.
Greenpeace, por su parte, critica los intentos de flexibilizar la normativa de costas para mantener construcciones en zonas expuestas. La organización reclama frenar nuevos desarrollos en áreas inundables, recuperar la llegada de sedimentos desde los ríos y planificar la retirada de las infraestructuras más vulnerables.
