Más de 5.500 demandas por cláusulas suelo pueden quedar bloqueadas en la Comunitat Valenciana

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El CGPJ ha advertido de que hasta 5.520 procedimientos por cláusulas suelo podrían quedar suspendidos en la Comunitat Valenciana si Justicia mantiene su negativa a reforzar los juzgados especializados.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha advertido de que hasta 5.520 procedimientos por cláusulas suelo pueden quedar suspendidos en la Comunitat Valenciana en el segundo semestre del año si el Ministerio de Justicia mantiene su negativa a reforzar los juzgados especializados en esta materia en toda España.

Según los cálculos del órgano de gobierno de los jueces, la falta de refuerzos afectará a unos 12.470 expedientes en el conjunto del país. De todos ellos, la Comunitat Valenciana será el territorio más perjudicado, por delante de la Comunidad de Madrid y de Cataluña.

El CGPJ ha explicado que se trata de órganos que asumen los asuntos sobre condiciones generales de la contratación incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuando el prestatario es una persona física. En la práctica, se trata de litigios sobre cláusulas abusivas en hipotecas, conocidas como cláusulas suelo, que afectan a miles de consumidores.

Petición de rectificación y reunión urgente

En una nota difundida este martes, el CGPJ ha pedido al Ministerio de Justicia que reconsidere su decisión de denegar la autorización económica previa para mantener las medidas de refuerzo en estos juzgados especializados.

La Comisión Permanente del Consejo se ha reunido también este martes y ha acordado reiterar esa solicitud. Este órgano ya aprobó por unanimidad el pasado 1 de julio pedir formalmente a Justicia que rectificara su postura, pero la respuesta no ha cambiado.

Además, el CGPJ ha reclamado la convocatoria urgente de la Comisión Mixta entre ambas instituciones. Considera necesario abordar cuanto antes la negativa del Ministerio a financiar los refuerzos en los órganos judiciales afectados, porque la decisión tiene consecuencias directas sobre los procedimientos abiertos.

Riesgo de paralización de miles de expedientes

Un informe del Servicio de Inspección del propio Consejo ha constatado el impacto de la falta de refuerzos. Según este documento, la decisión de Justicia supondrá la suspensión y no resolución de, al menos, 12.470 asuntos en toda España durante el segundo semestre del año.

La Comunitat Valenciana concentra la mayor parte de estos casos. El Servicio de Inspección estima que entre 5.420 y 5.520 procedimientos quedarán suspendidos o no se resolverán en este territorio si no se modifica la situación actual.

Tras la Comunitat Valenciana, la Comunidad de Madrid será la siguiente región más afectada, con unos 4.650 asuntos paralizados. Cataluña también sufrirá un impacto relevante, con unos 2.400 procedimientos solo en la provincia de Barcelona, según las previsiones incluidas en el informe.

El CGPJ ha mostrado su preocupación por estas cifras. El órgano considera que este escenario obligará a paralizar y suspender actuaciones jurisdiccionales que califica de ‘necesarias e imprescindibles’ para garantizar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas de ciudadanos y consumidores.

Primeras paralizaciones en los juzgados especializados

La advertencia del CGPJ coincide con las primeras consecuencias prácticas de la retirada de fondos extra para estos juzgados. La asociación de consumidores Asufin ha denunciado este martes, en un comunicado, las primeras paralizaciones de procesos abiertos en los 62 juzgados especializados en cláusulas suelo existentes en España.

Según Asufin, estas demoras afectan a personas que han acudido a los tribunales para reclamar por cláusulas abusivas en sus hipotecas. La asociación ha vinculado directamente estas primeras suspensiones a la decisión de poner fin a la dotación económica adicional que permitía reforzar estos órganos judiciales.

En este contexto, tanto el CGPJ como las asociaciones de consumidores han alertado de que la falta de medios prolongará aún más unos procedimientos que ya suelen ser largos. Esto puede retrasar la devolución de cantidades cobradas de más y aumentar la sensación de indefensión de los afectados.