La plantilla de Automóviles La Alcoyana ha decidido en asamblea aplazar la huelga convocada durante las Hogueras tras alcanzar un acuerdo para abrir un nuevo margen de negociación con la empresa. El comité de empresa sostiene que esta decisión busca evitar que usuarios y trabajadores paguen las consecuencias de un conflicto que, según denuncia, sigue sin resolverse por la falta de respuesta de la empresa y de la administración.
El aplazamiento, según ha explicado la representación de los trabajadores, no supone un “cheque en blanco”, sino la incorporación de mejoras dentro de las reivindicaciones planteadas por la plantilla en materia organizativa, económica y técnica. El acuerdo incluye además el compromiso de abrir un proceso real de negociación sobre la plataforma presentada por los trabajadores en un plazo máximo de tres meses.
La plantilla ha ratificado este aplazamiento después de constatar avances que el comité considera relevantes en aspectos económicos y estructurales. La empresa se ha comprometido también a fijar un calendario de negociación dentro de ese mismo plazo.
El conflicto continúa abierto
Pese al aplazamiento de la huelga durante las Hogueras, el comité advierte de que la situación sigue siendo “grave y prolongada en el tiempo”, tanto en las bases de Alicante como en Alcoy, donde los trabajadores acumulan ya nueve meses de huelga.
A juicio de la representación laboral, el conflicto responde a la “avaricia empresarial” y a la “dejadez de la Conselleria”. Por ello, el comité mantiene sus reivindicaciones y advierte de que el aplazamiento de las movilizaciones responde a un ejercicio de responsabilidad para no perjudicar a los usuarios del servicio.
Los trabajadores recurren los servicios mínimos
El comité de empresa ha anunciado que impugnará ante los tribunales los servicios mínimos decretados por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, al considerar que suponen un boicot al derecho de huelga y que están orientados a proteger la línea del aeropuerto, la C6.
La representación de los trabajadores defiende que el equilibrio entre el derecho a la huelga y el derecho a la movilidad debe ser proporcional y equitativo. En este sentido, cuestiona que la línea C6, que conecta con el aeropuerto, tenga unos servicios mínimos del 80%, mientras que otras líneas estructurales como la 24 y la 21 quedan fijadas en el 40% y el resto del servicio, como las líneas 23, C53, C2 y M, en el 50%.
A juicio del comité, ese porcentaje supone en la práctica un vaciamiento del derecho constitucional de huelga. La representación laboral considera que la conexión con el aeropuerto no puede situarse por encima del transporte cotidiano del conjunto de la ciudadanía del área metropolitana.
Además, el comité sostiene que este tratamiento diferencial responde a la protección de la línea más lucrativa de la concesión, que opera bajo riesgo y ventura y genera una facturación aproximada de 4,4 millones de euros anuales.
Reclamación a la Conselleria
El comité considera imprescindible que la Conselleria dé un paso adelante y acorte los plazos del proceso de licitación que, según recuerdan, vienen reclamando trabajadores y usuarios. La representación laboral advierte de que el servicio se presta actualmente en condiciones precarias y que su sostenibilidad se deteriora a medida que se prolonga esta situación.
Los trabajadores también alertan de que la nueva prórroga del contrato de emergencia, prevista a partir del 1 de septiembre, debe incorporar mejoras reales que repercutan directamente en la calidad del servicio. Como ejemplo, señalan que la empresa plantea reducir el servicio de la línea 24 los sábados, pese a que, según defienden, la demanda evidencia la necesidad de reforzarlo.
El comité insiste en que el modelo actual es insostenible y rechaza que un servicio público esencial se mantenga mediante prórrogas continuas y contratos de emergencia. La concesión, según recalca la representación laboral, lleva más de diez años sin someterse a un proceso de licitación ordinario.
La plantilla fija el 31 de agosto como fecha clave
El comité advierte de que el actual contrato de emergencia finaliza el próximo 31 de agosto y asegura que, a partir de esa fecha, no aceptará nuevas dilaciones.
La representación de los trabajadores sostiene que, si en el plazo máximo de tres meses no se alcanza un acuerdo digno sobre la plataforma laboral presentada, el conflicto se reactivará de forma inmediata. En ese escenario, responsabiliza a la empresa y a la administración de las consecuencias que pueda tener sobre el servicio.
