ACAIP-UGT ha denunciado que el Centro Penitenciario Alicante Cumplimiento vivió el pasado sábado un grave incidente regimental en el módulo de multirreincidentes tras la agresión de cinco internos a otro preso por causas que, según el sindicato, aún se desconocen. La organización sostiene que los funcionarios de servicio intervinieron de inmediato y que la situación derivó después en un motín y en un plante colectivo que alteró el orden del departamento y del centro durante el recuento general.
El sindicato enmarca este episodio en una situación que describe como «al límite» y que atribuye al «estado ruinoso de las instalaciones, la masificación sin precedentes y las agresiones a trabajadores». Según ACAIP-UGT, el nuevo incidente ha perturbado «gravemente el orden del centro» y demuestra, a juicio de la organización, «la urgente necesidad de dotar de refrendo legal mayor» a la profesión penitenciaria.
De acuerdo con el relato del colectivo, cinco internos agredieron inicialmente a otro preso en el módulo de multirreincidentes. Los funcionarios intervinieron para evitar que el altercado tuviera consecuencias mayores, pero la situación empeoró cuando otros internos del departamento se enfrentaron a los trabajadores que trataban de identificar y aislar a los presuntos agresores.
ACAIP-UGT sostiene que, horas después, el mismo grupo protagonizó un plante colectivo al negarse a subir a sus celdas. La organización señala que este segundo incidente alteró el orden del departamento y afectó al funcionamiento general del centro al coincidir con el recuento.
Más agresiones en el mismo módulo
El sindicato asegura que en las últimas semanas se han producido varias agresiones a trabajadores en este mismo módulo. ACAIP-UGT atribuye esta situación a la «política de extrema laxitud de la administración y la falta de eficacia del régimen penitenciario en la aplicación de medidas coercitivas y sanciones».
La organización denuncia una «paradoja insostenible por más tiempo» porque, según el colectivo, a los funcionarios de prisiones se les exige ejercer autoridad mientras se les niega la condición de agentes de la autoridad. ACAIP-UGT defiende que estos hechos refuerzan la necesidad de reconocer legalmente esa condición.
El sindicato considera que el mandato constitucional de reeducación y reinserción social resulta «impracticable si no se garantiza previamente el orden y la seguridad interior de los centros». Además, sostiene que «la falta de protección jurídica que sufrimos los funcionarios de prisiones alimenta cada día más la sensación de impunidad entre los internos más conflictivos».
Críticas al protocolo frente a las agresiones
El colectivo también cuestiona el funcionamiento del Protocolo Específico de Actuación Frente a las Agresiones, conocido como PEAFA. Según ACAIP-UGT, este expediente debería proteger al personal tras una agresión, pero en la práctica «tiende más a someter al trabajador a una investigación» que a respaldar su actuación.
El sindicato compara esta situación con «culpar de un incendio al bombero que trata de sofocarlo» y sostiene que las agresiones que no se tramitan por esta vía no se contabilizan, lo que, a su juicio, rebaja las estadísticas oficiales.
ACAIP-UGT concluye que los funcionarios de prisiones realizan una labor compleja y con riesgos, pero advierte de que, en la situación actual, ejercer esta profesión se está convirtiendo en «un imposible».
