Un funcionario del Centro Penitenciario Alicante I ha tenido que recibir asistencia sanitaria tras sufrir una fuerte patada en el pecho por parte de un interno del módulo de reincidentes, según han denunciado ACAIP-UGT y CSIF, que vuelven a reclamar medidas urgentes para reforzar la seguridad en el centro.
Los hechos se han producido cuando el recluso ha exigido ser atendido de forma inmediata por los servicios médicos del centro. Según ha explicado CSIF, el interno había sido trasladado a consulta por un dolor de espalda que hacía que no quisiera salir de su celda. «Al no poder ser atendido en ese momento, el interno ha reaccionado con agresividad y ha comenzado a golpear la cristalera de una oficina».
Desde ACAIP-UGT también han relatado que el interno, que según el sindicato ha protagonizado diversos incidentes regimentales desde su ingreso, se ha negado a aceptar el protocolo del centro. La organización sostiene que, tras desoír las indicaciones de los funcionarios, ha comenzado a golpear el mobiliario del departamento y ha atacado «de manera repentina» al trabajador que intentaba calmarlo, propinándole una patada en el pecho.
La seguridad en la prisión de Alicante
Ante esta situación, se le ha indicado que cesara en su actitud y regresara a su galería. Según la versión trasladada por CSIF, el recluso ha respondido con la agresión al funcionario, que ha tenido que recibir asistencia sanitaria por las lesiones sufridas.
ACAIP-UGT ha advertido de que «estos hechos no son eventos aislados» y ha denunciado que «cada vez sufrimos más agresiones y más violentas». El sindicato afirma que «el grado de degradación de la convivencia en el centro se está volviendo insoportable» y sostiene que los últimos episodios responden a «un patrón claro».
En este sentido, la organización ha subrayado que «no son lesiones fortuitas producidas por intervenir en peleas entre internos», sino «agresiones dirigidas directamente contra el personal penitenciario». A juicio de ACAIP-UGT, el hacinamiento, la falta de medios materiales y personales y el estado de las instalaciones se han convertido en «un factor de riesgo para la integridad física de los funcionarios».
CSIF también enmarca esta nueva agresión en el contexto de «sobreocupación» que, según viene denunciando, afecta al centro penitenciario. A juicio de la organización, «esta situación está generando problemas organizativos, un incremento de los movimientos internos y mayores dificultades en la gestión diaria».
Reclamación de medidas urgentes
CSIF sostiene que «la falta de personal y el aumento constante de la población reclusa están provocando una presión cada vez mayor sobre la plantilla», que desarrolla su labor en condiciones que el sindicato considera más complejas y peligrosas.
La organización reclama a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias «medidas inmediatas» para reducir la saturación del centro, reforzar las plantillas de vigilancia, tratamiento y sanidad, y garantizar la seguridad de los profesionales penitenciarios.
Por su parte, ACAIP-UGT exige «medidas urgentes y contundentes» tras esta agresión. Entre ellas, reclama el aislamiento total del agresor, su traslado de centro y la aplicación del régimen de vida más estricto previsto en la normativa penitenciaria, el primer grado.
El sindicato ha señalado que «los trabajadores penitenciarios no podemos fiar nuestra vida a promesas políticas a futuro» y ha reclamado que la Administración cumpla «su responsabilidad» para garantizar la seguridad de sus trabajadores. También pide que se apliquen los mecanismos previstos en la legislación para sancionar estos hechos y evitar que vuelvan a repetirse.
Asimismo, CSIF pide una revisión de la política de clasificación y distribución de internos conflictivos, así como «el reconocimiento efectivo de la condición de agentes de la autoridad para los funcionarios de prisiones», con el objetivo de reforzar su protección jurídica ante posibles agresiones.
Ambos sindicatos han trasladado su apoyo al trabajador agredido. ACAIP-UGT ha destacado además la rápida intervención del resto de funcionarios para controlar el incidente, mientras CSIF ha señalado que continuará denunciando las situaciones que, a su juicio, «comprometan la seguridad y la salud laboral de los empleados públicos penitenciarios».
