Profesores correctores de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la Comunitat Valenciana han empezado a presentar renuncias ante los tribunales evaluadores tras la solicitud de servicios mínimos del 100 % planteada por la Conselleria de Educación para los exámenes de los días 2, 3 y 4 de junio.
Los docentes afectados consideran «abusiva» la medida y sostienen que limita su derecho de huelga en plena negociación del conflicto educativo. Miguel Edo, profesor de Historia del IES Alcalans Montserrat y evaluador de la PAU, afirma que «con estos servicios mínimos abusivos estamos totalmente desprotegidos a nivel legal y se nos ha vulnerado el derecho de huelga de forma flagrante».
La protesta de los correctores de la PAU
La Assemblea de Professorat Corrector de les Proves de la PAU, integrada por 250 especialistas, ya había advertido de que estudiaba no acudir a la constitución de los tribunales, prevista inicialmente para el 2 de junio, renunciar en bloque ese mismo día o adoptar acciones «más contundentes» respecto a las calificaciones.
El colectivo vincula estas medidas al «estancamiento de las negociaciones» de la huelga indefinida del profesorado, iniciada el 11 de mayo. La Conselleria de Educación, por su parte, ha defendido que la comisión gestora de la PAU anticipa la constitución de los tribunales, como máximo, a este viernes, 29 de mayo, y asegura que cuenta con 1.500 profesores voluntarios correctores para garantizar la evaluación de los exámenes.
La secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, en su condición de presidenta de la Comisión Gestora de la PAU, ha solicitado a la Dirección General de Trabajo esos servicios mínimos del 100 % para el personal docente designado como miembro de los tribunales evaluadores.
Posibles sanciones al profesorado
Miguel Edo advierte de que, si la actividad reivindicativa se interpreta como «dejación de funciones o abandono de servicios», los correctores podrían quedar expuestos al régimen disciplinario de la Función Pública. Según explica, esa situación podría considerarse «falta grave o muy grave» y acarrear sanciones que irían desde apartarlos tres años de su trabajo hasta la inhabilitación, la separación del cuerpo o incluso posibles demandas por daños y perjuicios.
Ante ese escenario, Edo señala que muchos docentes están optando por presentar su renuncia ante las presidencias de los tribunales, que ya han empezado a celebrar reuniones telemáticas.
Agustín Zaragoza, profesor de Filosofía en el IES Padre Vitoria de Alcoi, también ha presentado su renuncia. Según afirma, antes de que Educación comunicara la solicitud de servicios mínimos del 100 %, «hubo renuncias masivas a corregir y hay tribunales que lo están aceptando».
El docente sostiene que la situación ha llegado de forma «sobrevenida», ya que lo habitual es que los tribunales se constituyan el mismo día del inicio de las pruebas, a las ocho de la mañana. Según indica, ahora se han dado instrucciones para celebrar reuniones telemáticas previas.
Malestar con las universidades públicas
Zaragoza explica que lleva en huelga desde el 11 de mayo y que su participación en el tribunal de la PAU y en la corrección de exámenes supondría abrir «unos ocho días de paréntesis» en un momento en el que el curso está cerca de finalizar y deben cerrarse las notas.
El profesorado también traslada su malestar por la actitud «pasiva» que, según sostiene, mantienen las cinco universidades públicas valencianas ante la huelga indefinida. Algunos centros, según apunta, estudian medidas para el próximo curso, como dejar de colaborar con la universidad.
Por su parte, el sindicato STEPV ha denunciado el malestar de docentes de Formación Profesional en huelga con tareas asignadas en las pruebas de acceso a Grados Medios o Superiores. El sindicato sostiene que están siendo sustituidos por otros profesores «vulnerando el derecho a huelga» y advierte de que estas actuaciones pueden tener «consecuencias penales dentro de la jurisprudencia española».
