La Policía Nacional ha detenido a tres personas por una estafa inmobiliaria en Alicante que habría superado los 1,2 millones de euros. Dos mujeres, madre e hija, dirigían la trama y captaban a víctimas extranjeras interesadas en invertir en vivienda en España. Ambas se encuentran ya en prisión. Además, existe una cuarta investigada vinculada al grupo.
La organización actuaba principalmente con ciudadanos procedentes de Europa del Este. Aprovechaban su experiencia en el sector inmobiliario y su dominio del ucraniano, ruso y español para generar confianza. A los implicados se les atribuyen delitos de estafa, robo con fuerza, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
La investigación comenzó tras varias denuncias que mostraban un patrón similar. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal detectaron que los hechos podían estar relacionados y apuntaban a una estructura organizada.
Cómo funcionaba la estafa inmobiliaria en Alicante
La operativa se remontaba a 2018. Una mujer de origen ucraniano denunció que había iniciado una relación comercial con una persona afincada en Alicante. Esta mujer se presentó como alguien de confianza y se ofreció a gestionar la compra de una vivienda y los trámites de residencia en España.
Más tarde comenzaron a proponerle otras operaciones inmobiliarias. La convencieron para participar en inversiones y pagos asociados a contratos de alquiler con opción a compra. También actuaban como intermediarios bancarios y ofrecían servicios de traducción.
Con el paso del tiempo, otras personas cercanas a la denunciante también contrataron sus servicios. Algunas recomendaron a familiares y amistades, que terminaron afectadas por un sistema similar de falsas inversiones inmobiliarias.
Contratos ficticios y falsas ventas
Los investigadores descubrieron que la organización alquilaba viviendas durante un año y posteriormente fingía ser propietaria de esos inmuebles. Después ofrecían esas propiedades a clientes mediante fórmulas de alquiler con opción a compra, aunque realmente nunca estaban a la venta.
En algunos casos utilizaron una misma vivienda para varios clientes. Además, el dinero entregado por nuevas víctimas servía para sostener pagos anteriores y mantener la apariencia de legalidad.
Cuando las operaciones no avanzaban, los sospechosos retrasaban las respuestas con excusas. A veces devolvían pequeñas cantidades para ganar tiempo. Sin embargo, ese dinero procedía de nuevas aportaciones de otras víctimas.
Una de las personas afectadas llegó a otorgar un poder notarial para gestionar préstamos y propiedades. Otra víctima, de 75 años, terminó inmersa en un proceso de embargo tras entregar 25.000 euros.
Más de 800.000 euros perdidos en uno de los casos
Uno de los episodios más graves afectó a una familia que residía fuera de la provincia. Llegaron a alojarse en una vivienda que creían adquirida y dejaron en ella objetos de gran valor. Cuando regresaron, las pertenencias habían desaparecido.
Los investigadores sospechan que una de las implicadas retiró y vendió esos bienes. En ese caso concreto, el perjuicio económico rondó los 800.000 euros.
La Policía también detectó una red de cuentas bancarias a nombre de distintos integrantes. El objetivo era ocultar el origen del dinero y distribuir los beneficios obtenidos de manera ilícita.
Finalmente, los agentes reunieron suficientes pruebas y atribuyeron a los implicados una actividad criminal continuada con un método repetido y perfectamente estructurado.
