La Comunitat Valenciana encabeza las solicitudes presentadas al fondo estatal de compensación para víctimas del amianto con 100 expedientes registrados, aunque únicamente 19 personas han conseguido hasta ahora la aprobación de la indemnización.
Los datos, facilitados por CCOO, UGT y la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Fedavica), reflejan las dificultades de acceso a unas ayudas que, según denuncian las organizaciones, están dejando fuera a numerosos afectados.
En toda España se han presentado 323 solicitudes y solo se han autorizado 82, lo que supone que apenas una de cada cuatro peticiones ha salido adelante.
Los sindicatos recuerdan que el fondo nació a partir de una ley aprobada en 2022 para compensar a trabajadores y personas afectadas por la exposición al amianto. No obstante, el reglamento definitivo no entró en vigor hasta el año pasado y mantiene requisitos que, según consideran, son demasiado restrictivos.
Los sindicatos reclaman ampliar el acceso
Para poder acceder a las ayudas es obligatorio tener reconocida una incapacidad permanente por contingencia profesional y padecer determinadas enfermedades vinculadas al amianto, como mesotelioma, cáncer de pulmón, cáncer de laringe o asbestosis grave.
Estas exigencias excluyen actualmente a personas afectadas por exposición ambiental o doméstica y a trabajadores que no lograron el reconocimiento profesional de la enfermedad. También quedan fuera muchos familiares de fallecidos.
La secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, sostiene que el fondo «no está logrando la compensación del daño sufrido» y reclama mejoras fiscales y un aumento de las cuantías previstas.
Sindicatos y asociaciones trasladaron estas reclamaciones al secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, durante una reunión celebrada a finales de abril. Las organizaciones esperan obtener respuestas en un nuevo encuentro convocado para el próximo 10 de junio.
Indemnizaciones inferiores a las reconocidas por los tribunales
Las ayudas estatales contemplan compensaciones de entre 32.000 y 96.621 euros, dependiendo de la enfermedad diagnosticada. Las mayores cuantías corresponden a los casos de mesotelioma.
Sin embargo, las asociaciones de víctimas consideran que estas cifras resultan insuficientes si se comparan con las indemnizaciones reconocidas por vía judicial. Una sentencia reciente dictada en Bilbao fijó una compensación superior a 663.000 euros para la familia de un trabajador fallecido tras manipular amianto.
Además, sindicatos y afectados exigen que las indemnizaciones queden libres de impuestos en toda España. Actualmente solo disfrutan de exención fiscal en País Vasco y Navarra.
Junto con la Comunitat Valenciana, el País Vasco concentra la mayor parte de las solicitudes del país. En territorio vasco se han registrado 85 peticiones, de las cuales 37 ya han sido aprobadas.
