La Generalitat refuerza su respuesta frente a la ocupación ilegal con una oficina específica de atención a víctimas y una nueva línea de ayudas para propietarios. La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha avanzado en Les Corts que la Oficina de Atención a las Víctimas de Ocupación ya está operativa a través del 012 y que la Conselleria tramita ayudas por 250.000 euros.
El servicio ofrece atención gratuita en toda la Comunitat Valenciana y se apoya en una red de más de 100 puntos de atención directa. En concreto, la Generalitat ha habilitado 37 oficinas de atención a víctimas del delito y 66 puntos del Servicio de Orientación Jurídica de Proximidad, Justiprop.
Camarero ha explicado que la oficina “ya se encuentra operativa con el propósito de garantizar a las víctimas asesoramiento, prevención y una atención integral y gratuita en toda la Comunitat Valenciana”. La vicepresidenta ha añadido que las ayudas previstas tendrán una doble finalidad: facilitar el asesoramiento jurídico para recuperar las viviendas y cubrir la reparación de posibles daños en los inmuebles.
Una respuesta jurídica y económica
La responsable autonómica de Vivienda ha subrayado que las nuevas ayudas “combinan una respuesta jurídica y económica, orientada a reforzar la seguridad jurídica, recuperar la confianza en el mercado de la vivienda y garantizar el derecho a la propiedad”.
Según ha defendido Camarero, el Consell pretende apoyar a los propietarios sin abandonar las políticas sociales de acceso a la vivienda. En este sentido, ha afirmado que “frente a una Ley de Vivienda del Gobierno de España que protege más al okupa que al propietario, este Consell actúa con firmeza frente a la ocupación ilegal persiguiendo el delito, dando seguridad jurídica y apoyando al propietario. Y todo ello, sin renunciar a las políticas sociales de acceso a la vivienda”.
La vicepresidenta ha enmarcado estas medidas en el Plan Integral contra la Ocupación de Viviendas, una estrategia que, según ha indicado, busca modificar la respuesta institucional ante la ocupación ilegal y la inquiocupación.
Seguridad jurídica y coordinación institucional
Camarero ha señalado que la ocupación ilegal “se ha convertido en un problema de primera magnitud que incide en la falta de vivienda”. La consellera ha relacionado esta situación con la inseguridad, el deterioro de barrios, los problemas de convivencia y la vulneración de derechos como la propiedad y la inviolabilidad del domicilio.
Para reforzar la respuesta institucional, el plan incorpora formación especializada para policías locales a través del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias. También prevé jornadas dirigidas a abogados y personal de las oficinas de atención, con participación del Colegio de Abogados y las universidades.
La Generalitat mantiene además líneas de colaboración con los administradores de fincas, mediante un convenio que permite distribuir y compartir información sobre las fincas gestionadas. A ello se suma el trabajo con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, centrado en jornadas sobre aspectos jurídicos y recursos disponibles contra la ocupación.
El portal de la Conselleria de Vivienda cuenta también con un apartado dedicado a la ocupación ilegal de viviendas. Camarero ha indicado que este espacio “centraliza información útil y recursos prácticos para la ciudadanía”, con materiales orientados tanto a propietarios como a profesionales.
Petición de cambios normativos al Gobierno
La vicepresidenta ha defendido que la ocupación y la inquiocupación forman parte de un problema más amplio vinculado a la falta de vivienda. Según ha señalado, el Consell actúa “en todos los frentes” mediante construcción de vivienda, movilización de suelo, apoyo a jóvenes y protección a propietarios.
Camarero ha advertido de que, sin una reforma estatal, será difícil erradicar por completo esta problemática. La titular de Vivienda ha sostenido que la ocupación afecta a la oferta de alquiler porque, según ha afirmado, “miles de viviendas han salido del mercado del alquiler por la inseguridad jurídica en la que nos encontramos”.
Por ello, ha instado al Gobierno de España a “adoptar los cambios normativos necesarios para agilizar los procedimientos judiciales, reforzar la capacidad de actuación inmediata de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y devolver la seguridad jurídica a los propietarios”.
La vicepresidenta ha insistido en que la Generalitat protege a las víctimas, refuerza la prevención, mejora la coordinación y agiliza la respuesta, aunque ha reclamado cambios legales para avanzar en la protección de la propiedad y la convivencia.
