Vecinos de Benalúa, Alipark y Princesa Mercedes rechazan la ampliación de la zona azul y naranja prevista en Alicante y exigen al Ayuntamiento una moratoria inmediata del proceso. La protesta, impulsada por la Asociación Vecinal de Benalúa, cuestiona el nuevo contrato de la ORA y advierte de que la medida puede transformar el modelo de movilidad y estacionamiento de la ciudad durante las próximas dos décadas.
Los colectivos vecinales sostienen que el proyecto no supone una pequeña modificación del sistema de aparcamiento. A su juicio, Alicante se enfrenta a “un cambio profundo del modelo de movilidad y estacionamiento” con efectos directos sobre la vida diaria de residentes, comerciantes, autónomos, personas mayores y trabajadores que acuden a estas zonas.
El nuevo contrato prevé la creación de más de 3.000 nuevas plazas reguladas. Con ello, la ciudad pasaría de unas 1.800 plazas actuales a cerca de 5.000 plazas entre zona azul y zona naranja. Los vecinos consideran que esta ampliación supondrá “más calles reguladas, más control, más sanciones, más dependencia de autorizaciones y menos espacio de aparcamiento verdaderamente libre”.
Rechazo vecinal a la ampliación de la zona azul y naranja
La oposición vecinal se concentra en barrios como Benalúa, Alipark y Princesa Mercedes, además del entorno de los juzgados, donde el cambio del sistema de aparcamiento genera especial preocupación. Los colectivos denuncian que la transformación se está impulsando “prácticamente de espaldas a los vecinos” y sin un proceso suficiente de información, participación y diálogo.
Según defienden, miles de ciudadanos se están enterando poco a poco de que sus calles pueden pasar a estar reguladas a través de artículos de prensa o comentarios entre vecinos. Por ello, insisten en que una decisión con efectos hasta 2045 no puede adoptarse sin escuchar antes a la ciudadanía.
“Los barrios no pueden ser simples espectadores de decisiones que transforman completamente su vida diaria”, señalan los colectivos, que rechazan que la movilidad de Alicante se diseñe “desde un despacho” para después pedir a los vecinos que acepten el resultado.
Los representantes vecinales también cuestionan que la regulación sea una solución real al problema del aparcamiento. “La zona azul no crea plazas nuevas”, advierten. A su juicio, el sistema convierte el estacionamiento en un espacio de pago y empuja a Alicante hacia un modelo cada vez más recaudatorio.
El coste del contrato y la presión sobre los vecinos
Los colectivos también ponen el foco en las cifras económicas del contrato. Según señalan, el proyecto alcanza alrededor de 143 millones de euros, tendrá una duración de 19 años e incluye inversiones asociadas como el nuevo depósito municipal, valorado en unos 17 millones de euros.
A juicio de los vecinos, estas cifras abren una pregunta clave: quién acabará pagando el coste del nuevo modelo. Sostienen que cuanto mayor es el contrato, más plazas reguladas necesita el sistema, más ingresos requiere y mayor presión soportan los barrios afectados.
Además, advierten de que también se plantea ampliar horarios y reforzar mecanismos de control y sanción. Por eso, consideran que el debate no debe reducirse a zona azul o zona naranja, sino al modelo de ciudad que se quiere para Alicante.
“Queremos una ciudad pensada para las personas, para los barrios y para la convivencia. No una ciudad donde la única solución sea cobrar más por aparcar”, defienden.
Moratoria, auditoría y recogida de firmas
Los vecinos reclaman una moratoria inmediata del proceso, una auditoría independiente del proyecto y del contrato, estudios reales y transparentes de movilidad, participación efectiva de residentes y comerciantes y la apertura de un verdadero proceso de diálogo y consenso.
Además, anuncian que van a reactivar e intensificar la recogida de firmas en los barrios afectados. Según explican, hace meses ya se recogieron centenares de apoyos vecinales que mostraban preocupación por el proyecto, pero ahora quieren ampliar la movilización social.
En los próximos días, los colectivos prevén estar presentes en distintos barrios de Alicante para explicar directamente a los ciudadanos el alcance de la ampliación y recoger nuevos apoyos.
Los vecinos insisten en que una decisión de esta magnitud debe contar con información, debate y participación ciudadana real. “Cuando una medida genera tanta preocupación vecinal incluso antes de ponerse en marcha, lo responsable no es acelerar el proceso. Lo responsable es parar, escuchar y buscar consenso”, concluyen.
