La Diputación de Alicante lamenta que el Supremo no entre en el fondo del recurso sobre el trasvase Tajo-Segura

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La institución provincial anuncia que seguirá colaborando con la Generalitat para defender la infraestructura hídrica tras la inadmisión del recurso

La Diputación de Alicante ha lamentado la decisión del Tribunal Supremo de inadmitir el recurso contencioso-administrativo presentado contra el Real Decreto de revisión de los planes hidrológicos, entre ellos el del Tajo, por falta de legitimación activa.

Desde la institución provincial han mostrado su disconformidad con el fallo al considerar que el Alto Tribunal no ha entrado a valorar el fondo del asunto, pese a los informes técnicos y académicos aportados en el procedimiento. No obstante, han trasladado su respeto por la resolución judicial, contra la que no cabe recurso.

Críticas a la falta de análisis del fondo del recurso

La vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha señalado que la Diputación defendió “de forma rigurosa y técnica el trasvase Tajo-Segura y los intereses de la provincia” y ha lamentado que el Tribunal Supremo “no haya analizado ninguno de los argumentos esgrimidos”.

En este sentido, ha indicado que el recurso cuestionaba aspectos como el procedimiento de elaboración del decreto, el aumento de los caudales ecológicos —que, según sostiene la institución, carece de justificación técnica— y el coste energético y medioambiental de sustituir el agua trasvasada por agua desalada.

Según defienden desde la Diputación, la inadmisión responde a un criterio consolidado sobre la legitimación de las entidades locales frente a disposiciones de la Administración General del Estado, lo que ha impedido que se valoraran los argumentos presentados.

Preocupación por el futuro del trasvase

La resolución del Supremo confirma el Real Decreto impugnado, que contempla el incremento de los caudales ecológicos. Desde la institución provincial advierten de que esta medida pone en riesgo la viabilidad del trasvase Tajo-Segura, al considerar que reducirá el volumen de agua disponible para el sureste español.

En esta línea, Serna ha criticado las políticas del Gobierno central al afirmar que las medidas adoptadas pueden afectar gravemente a la economía de miles de familias que dependen de esta infraestructura hídrica.

Continuidad de la defensa institucional

A pesar de la resolución judicial, la Diputación ha anunciado que mantendrá su colaboración técnico-jurídica con la Generalitat Valenciana y otras administraciones, como el Gobierno de la Región de Murcia, para seguir defendiendo el trasvase.

Además, la institución continuará participando en grupos de trabajo junto a regantes y agricultores, con el objetivo de trasladar la posición del territorio y defender los intereses hídricos del levante español.


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