La Generalitat va a movilizar 421,26 millones de euros mediante 27 medidas dirigidas a apoyar a las familias y al tejido productivo de la Comunitat Valenciana ante las consecuencias económicas derivadas de la guerra de Irán. El plan combina ayudas directas e indirectas, rebajas fiscales y préstamos bonificados, con actuaciones específicas para vivienda, autónomos, transporte, energía y empresas.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha presentado este paquete tras la reunión de la Mesa de Diálogo Social, en la que también han participado representantes de la patronal y de los sindicatos. Según ha explicado, se trata de un plan abierto, que podrá ir adaptándose en función de la evolución del conflicto a través de una comisión de seguimiento con reuniones periódicas.
Del total previsto, 137,96 millones de euros corresponden a ayudas directas e indirectas, 153,3 millones a bajadas de impuestos y 130 millones a financiación bonificada. A ello se añaden 97,2 millones de euros en deducciones del IRPF.
Pérez Llorca ha defendido que la respuesta del Consell pretende actuar sobre varios frentes al mismo tiempo, desde la protección de los hogares más vulnerables hasta el respaldo a las clases medias, los autónomos, las pymes y los sectores productivos más expuestos al encarecimiento de costes. También ha remarcado que el esfuerzo se realiza con recursos propios de la Generalitat.
Entre las medidas anunciadas figura una ayuda para compensar el incremento de los intereses hipotecarios durante los tres meses de vigencia del decreto estatal. La cuantía rondará los 180 euros por hipoteca y tendrá un coste estimado de 10 millones de euros. Esta línea está prevista para préstamos hipotecarios variables de hasta 200.000 euros, sobre vivienda habitual situada en la Comunitat Valenciana, con un límite de renta de 60.000 euros en declaración individual y de 78.000 euros en conjunta.
En materia de vivienda, el plan incorpora 15 millones de euros en nuevas ayudas extraordinarias al alquiler. Además, contempla la revisión al alza de los módulos de vivienda de protección pública para mantener la viabilidad de su construcción.
La Generalitat también prevé reforzar la atención social con un aumento de las ayudas a familias acogedoras y de las transferencias a ayuntamientos, por valor de 11,8 millones de euros. A ello se suma la congelación de los precios del transporte público y el apoyo a la renovación de flotas de transporte por carretera, con una inversión de 27 millones de euros.
Para los trabajadores por cuenta propia, el Consell ha reservado 4 millones de euros con el objetivo de amortiguar el impacto del aumento de los costes energéticos. En paralelo, se pondrá en marcha una línea del Instituto Valenciano de Finanzas dotada con 100 millones de euros en financiación bonificada para empresas afectadas por el alza de precios.
El paquete incluye además 54,66 millones de euros para programas de impulso a la actividad empresarial y a la internacionalización, así como una nueva línea de financiación bonificada de 30 millones de euros para empresas agrícolas, ganaderas, pesqueras y agroalimentarias.
Junto a ello, la Generalitat desarrollará un plan de choque para acelerar proyectos de eficiencia energética y habilitará subvenciones para ayuntamientos por un importe de 1,3 millones de euros.
