El grupo municipal socialista de Alicante ha exigido la retirada del proyecto de ampliación del estacionamiento regulado al considerar que el nuevo contrato de la ORA y la grúa, aprobado para su licitación por 143.031.131,80 euros y un periodo de 19 años, consolida un modelo que, a juicio de la oposición, perjudica a los residentes de varios barrios y refuerza el carácter recaudatorio del servicio.
La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Ana Barceló, ha cargado contra la propuesta impulsada por el equipo de gobierno y ha afirmado que «Barcala pretende hacer caja e hipotecar a los vecinos y vecinas hasta el año 2045». En este sentido, ha advertido de que los residentes en las zonas donde se implantará la nueva zona naranja no tendrán garantizado el aparcamiento, ya que el sistema permite estacionar a cualquier vehículo previo pago.
Según defiende Barceló, la ampliación prevista supone un cambio de gran alcance en barrios como Oliveretes-San Francisco, Ensanche-Mercado, Ensanche-Diputación, Benalúa Este-Alipark, Benalúa-Juzgados, Benalúa Sur y Princesa Mercedes-Juzgados, donde se proyectan 2.542 nuevas plazas de zona naranja. A ellas se suman 535 plazas de zona azul, dentro de una ampliación total de 3.077 plazas reguladas.
La dirigente socialista sostiene que este planteamiento genera rechazo entre parte de los residentes afectados. Además, ha asegurado que «es un atraco fiscal a las familias alicantinas porque se pretende recaudar un 115% más por la zona azul, un 40% más en sanciones y un 15% más por arrastres de la grúa».
El nuevo contrato incorpora como principal novedad la gratuidad de la zona naranja para los residentes autorizados, que hasta ahora abonaban una pequeña cantidad diaria en jornadas laborables y los sábados. También permite que esos vecinos puedan aparcar no solo en la zona más próxima a su domicilio, sino también en otras áreas naranjas adyacentes. En cambio, los no residentes podrán estacionar en esas plazas durante un máximo de dos horas, con una tarifa superior a la de la zona azul.
Desde el PSOE insisten en que esa regulación no resuelve el problema de fondo en los barrios donde se implantará el nuevo modelo. Barceló ha subrayado que «estadísticamente hay más residentes y más vehículos que plazas gratuitas en la zona naranja» y ha añadido que «hay familias con más de un vehículo y numerosos alicantinos que se desplazan en moto y se desconoce si se van a habilitar plazas específicas».
La crítica socialista no se limita a la zona naranja. El grupo municipal también cuestiona la ampliación de la zona azul, la supresión de la gratuidad entre las 14.00 y las 16.00 horas y la extensión del servicio a los sábados por la tarde en algunas zonas comerciales. Además, Barceló ha señalado que todavía no se han aclarado aspectos como las posibles bonificaciones para vehículos menos contaminantes o para otros perfiles de usuarios.
El pliego aprobado por el gobierno local incluye, además, medidas como la regulación del estacionamiento para motocicletas y para vehículos de carga y descarga, el uso de aplicaciones móviles para gestionar el aparcamiento y la gratuidad para los vehículos de personas con movilidad reducida en las zonas reguladas. También prevé el traslado del depósito de la grúa a Rabasa, con una capacidad de 560 plazas.
Ante este escenario, el Grupo Socialista ha anunciado una ronda de reuniones con las asociaciones vecinales de los barrios afectados para coordinar acciones conjuntas contra un proyecto que, según recalcan desde la oposición, condicionará el modelo de estacionamiento regulado de la ciudad durante las próximas cinco legislaturas.
