La Diputación de Alicante ha acordado este miércoles impulsar una comisión de investigación sobre la gestión del programa Bono Comercio tras el pleno extraordinario solicitado por el Grupo Socialista, en una sesión marcada por el choque político entre el equipo de gobierno del PP y la oposición en la que los populares han pospuesto la comparecencia del presidente. La creación de este órgano ha salido adelante con el respaldo unánime de toda la corporación, mientras el debate ha evidenciado dos versiones enfrentadas: la del ejecutivo provincial, que sostiene que la tramitación ha sido «absolutamente transparente» e «impecable», y la del PSOE, que asegura que existen «serias dudas» sobre el procedimiento y reclama responsabilidades políticas.
La vicepresidenta primera y portavoz del gobierno provincial, Ana Serna, ha defendido tras la sesión que «la tramitación del Bono Comercio ha sido impecable como bien saben todos los grupos» y ha insistido en que el ejecutivo apoya la investigación «porque no tenemos nada que ocultar y porque para el Grupo Popular siempre es fundamental la transparencia». En paralelo, el portavoz socialista, Vicente Arques, ha sostenido que su grupo ha llevado el asunto al pleno para exponer «una cronología que habla por sí sola» y que, a su juicio, plantea «interrogantes legítimos» sobre la gestión de estas ayudas.
Durante el pleno se han debatido dos puntos. El primero, la puesta en marcha de la comisión de investigación, ha contado con el apoyo de todos los grupos. El segundo, la comparecencia del presidente de la Diputación, Toni Pérez, para informar sobre la gestión del programa, no ha prosperado por el voto en contra del Grupo Popular. Serna ha precisado que «el presidente comparecerá cuando corresponda, que será una vez concluya sus trabajos la citada comisión».
La también vicepresidenta primera ha explicado que el Grupo Popular ha registrado este mismo miércoles una moción para llevar al próximo pleno ordinario del 1 de abril la activación y creación de esa comisión «lo más pronto posible». Según ha defendido, el objetivo es «despejar cualquier duda y acabar con el ruido que los grupos de la oposición están alimentando para sacar rédito político».
La portavoz popular ha acusado además al PSOE de promover el pleno extraordinario pese a disponer ya de toda la información. En este sentido, ha recordado que los expedientes y la documentación de este programa «han estado y están a disposición de todos los grupos políticos, que en todo momento han podido consultarlos y, además, previamente han contado con su propio voto favorable en cada proceso y ejercicio».
El gobierno provincial defiende su gestión del Bono Comercio
Desde el equipo de gobierno insisten en que la Diputación concedió las subvenciones dinerarias a los municipios en función de la población y conforme a unas bases respaldadas por unanimidad por todos los grupos políticos. Serna ha subrayado que «fueron los propios ayuntamientos, los 141 ayuntamientos de la provincia, quienes libremente eligieron la fórmula para su gestión en cada municipio».
En esa misma línea, ha remarcado que las ayudas provinciales no incluían el importe de los gastos derivados de la gestión municipal porque «en ningún caso era subvencionable» y ha añadido que la justificación de las subvenciones «estuvo fiscalizada por los técnicos municipales de cada ayuntamiento primero y por los provinciales después».
La portavoz del PP ha ido más allá y ha señalado que, si existen dudas sobre la elección de empresas o entidades para tramitar los fondos, «habría que preguntar a los ayuntamientos que fueron los que decidieron con qué empresa o entidad gestionaban los fondos recibidos, en caso de que así lo decidieran». En ese punto ha citado de forma expresa a municipios como Alfaz del Pi, Alcoy y Villena, todos ellos gobernados por el PSOE.
Serna también ha defendido la rapidez con la que, según ha explicado, Toni Pérez ha convocado el pleno extraordinario solicitado por los socialistas, «reduciendo a la mínima los tiempos establecidos para ello». A juicio del equipo de gobierno, todo el proceso de la Diputación ha sido correcto y la investigación servirá para aclarar cualquier sospecha.
«El grupo Socialista sabe que el procedimiento y la gestión del Bono Comercio por parte de la Diputación ha sido impecable y, aun así, quiere alimentar el ruido sobre un tema que por lo publicado esta sub judice», ha afirmado la portavoz popular. Además, ha considerado «muy revelador» que el PSOE reclame ahora la activación del Bono Comercio cuando, según ha señalado, la falta de Presupuestos Generales del Estado y la activación de las reglas fiscales por parte del Gobierno central impiden utilizar los remanentes con los que este programa se ha venido financiando.
El ejecutivo provincial ha destacado asimismo el impacto económico de esta línea de ayudas, que entre 2022 y 2024 ha movilizado más de 58 millones de euros, con el objetivo de apoyar a las familias alicantinas, inyectar recursos en el comercio local y de proximidad y contribuir a la reactivación económica tras la crisis de la covid y las posteriores dificultades económicas.
El PSOE pide explicaciones y reclama el cese de Carlos Baño
Frente a esa versión, el Grupo Socialista ha defendido en el pleno extraordinario que la gestión del Bono Comercio exige aclaraciones públicas. Vicente Arques ha asegurado que su grupo ha expuesto «una cronología objetiva de los hechos» que, en su opinión, evidencia «serias dudas sobre el procedimiento seguido».
El dirigente socialista ha puesto el foco en uno de los hitos temporales del expediente. Según ha señalado, transcurrieron «tan solo ocho días entre la creación de la empresa adjudicataria y la resolución de las ayudas, un hecho que, a juicio del grupo, requiere explicaciones claras y contundentes por parte del equipo de gobierno». En esa misma línea, ha añadido que «la rapidez con la que se han producido determinados acontecimientos en este expediente no es habitual en la administración pública y merece una explicación transparente ante la ciudadanía».
Arques ha defendido que la iniciativa del pleno no responde a acusaciones gratuitas, sino a la necesidad de aclarar lo ocurrido. «Nuestro grupo ha actuado con responsabilidad solicitando este pleno extraordinario para poner negro sobre blanco una cronología que habla por sí sola, con la exposición de todos los datos y fechas objetivas y que genera interrogantes legítimos», ha manifestado.
En ese mismo pronunciamiento, el portavoz socialista ha ido más allá al plantear dudas sobre el contexto de las adjudicaciones y sobre la ausencia del programa en 2024. En concreto, se ha preguntado «si había información privilegiada en esa empresa y en ese entorno, de la creación de los bonos consumos durante los años 2022-2023, así como si el bono consumo del año 2024 no se materializó en los presupuestos porque la Diputación ya conocía las investigaciones de antifraude y anticorrupción».
También el diputado socialista Raúl Ruiz ha defendido la posición de su grupo durante la sesión plenaria. Según ha señalado, «no se trata de hacer acusaciones infundadas, sino de exigir rigor, claridad y garantías en la gestión de fondos públicos que pertenecen a todos los alicantinos y alicantinas».
Dentro de ese planteamiento, el PSOE ha solicitado además el cese de Carlos Baño de todos los cargos en los que tiene representación en la Diputación de Alicante, al considerar que deben asumirse responsabilidades políticas ante la gravedad de los hechos expuestos. Los socialistas sostienen que su objetivo pasa por esclarecer lo ocurrido y depurar posibles responsabilidades si las hubiera, siempre bajo los principios de transparencia y buen gobierno.
La comisión de investigación, impulsada a iniciativa del Grupo Socialista y aceptada finalmente por el equipo de gobierno, será ahora el órgano encargado de analizar en profundidad todo el proceso de gestión del Bono Comercio en la institución provincial.
