La Generalitat Valenciana ha ofrecido su apoyo y ayuda al Ayuntamiento de Benidorm para afrontar la sentencia que le obliga a pagar 350 millones de euros por los terrenos de la serra Gelada. El anuncio ha llegado en un momento en el que el consistorio debe preparar la ejecución del fallo, un trámite que condiciona la planificación económica municipal y exige coordinar pasos jurídicos y administrativos.
Así lo ha expresado este lunes el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, durante una visita a las nuevas instalaciones del centro de salud del Rincón de Loix, en un acto junto al alcalde y presidente de la Diputación, Toni Pérez, y el conseller de Sanidad, Marciano Gómez. El president ha trasladado públicamente esa disposición a colaborar con el objetivo de garantizar que el Ayuntamiento acate el mandato judicial con seguridad y sin paralizar su actividad ordinaria.
Pérez Llorca ha recalcado el respaldo institucional con un mensaje directo: ‘Sabe el alcalde y el ayuntamiento que tiene la colaboración de la Generalitat Valenciana‘. Ha enmarcado el conflicto en un asunto ‘de hace muchos años‘ por el que han pasado ‘gobiernos de todos los colores políticos, sin que se haya solucionado nunca’, subrayando así que el origen del problema es anterior al actual mandato y que su resolución ya no admite más demoras.
Colaboración para ejecutar la sentencia
En esa línea, el president ha defendido que el cumplimiento del fallo es una cuestión de responsabilidad y ha reiterado que la Generalitat acompañará a Benidorm como lo haría con cualquier municipio ante una condena de esta magnitud. En sus palabras, ‘ha habido una sentencia y es de responsabilidad, y está en eso el alcalde, en acatarla y en cumplirla, y por supuesto tendrá todo el apoyo y ayuda que necesite de la Generalitat, como haríamos con cualquier otro municipio que se viera obligado a cumplir una sentencia de esta envergadura que proviene de hace muchos años’.
Pérez Llorca también ha deslizado un mensaje de respaldo político al equipo de gobierno local, al afirmar ‘que creo que no es nada reprochable al actual gobierno del ayuntamiento de Benidorm‘. Con ello ha querido diferenciar entre el origen histórico del litigio y la obligación presente de darle cumplimiento, evitando que la situación se interprete como un reproche a la gestión en curso.
La cuantía de 350 millones representa un desafío de primera magnitud para las arcas municipales, por lo que la coordinación entre administraciones se perfila como clave para ordenar la ejecución, estudiar un calendario de pago y preservar los servicios esenciales. El Consell ha señalado que su apoyo se centrará en facilitar ese proceso para que el Ayuntamiento cumpla la sentencia sin comprometer la prestación básica a la ciudadanía ni la estabilidad de sus cuentas, dentro del marco legal que marca el fallo.
