Alicante da por ‘inminente’ el cierre del expediente de Les Naus y liga a ello el inicio de la comisión la próxima semana

Ante las preguntas por los pagos anticipados de la exedil Rocío Gómez a la cooperativa antes de la adjudicación del suelo, el equipo de gobierno vuelve a hablar de “cacería” contra el alcalde “organizada por la sincronizada”

El Ayuntamiento de Alicante da por «inminente» la finalización de los expedientes reservados de averiguación interna abiertos por el caso de Les Naus y sitúa ya en el horizonte la convocatoria de la comisión de investigación municipal, “seguramente” la próxima semana, en cuanto esos trámites queden cerrados.

Así lo ha trasladado este martes en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno el vicealcalde y portavoz municipal, Manuel Villar, que ha insistido en que se trata de expedientes “reservados” cuyo contenido no conoce porque solo tienen acceso los técnicos que los instruyen y ejercen de secretario. Ese cierre, según ha explicado, es el paso previo a constituir la comisión, que él mismo presidirá- para “ir avanzando” con toda la información. Sobre su duración y calendario, el equipo de gobierno ha señalado que, una vez constituida, se propondrá un plan de trabajo entre los grupos y, a partir de ahí, se podrán concretar más detalles.

Villar ha reconocido, además, que el inicio de la comisión queda condicionado a que termine ese trabajo interno: los funcionarios que lo llevan, ha dicho, les han trasladado que el final es “inminente” y por eso el Ayuntamiento aspira a poner en marcha el órgano “si es posible” la semana que viene. El vicealcalde ha defendido que el objetivo de constituir la comisión cuando termine la fase reservada es que, desde la primera sesión, todos los grupos puedan trabajar con “toda la información” y sin solaparse con expedientes aún abiertos.

Cutanda habla de “cacería” al alcalde de “la sincronizada”

La rueda de prensa de la Junta de Gobierno de este martes ha girado una semana más en torno al caso de Les Naus y, en especial, a las preguntas sobre cuándo tuvo conocimiento el equipo de gobierno de los pagos anticipados vinculados a la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez y su relación con la cooperativa.

En ese contexto, el debate político ha vuelto a reactivarse tras la nota difundida este lunes por el PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, que reclama al alcalde, Luis Barcala, que aclare desde cuándo conocía esos pagos y sostiene que el expediente municipal no debería cerrarse mientras sigan, según su versión, “numerosos interrogantes”.

Según explican los socialistas, Gómez habría firmado un contrato de adhesión a la cooperativa el 8 de marzo de 2022 y habría realizado un pago de 67.650 euros antes de que la Junta de Gobierno aprobara la adjudicación de la parcela a la cooperativa, fechada el 22 de marzo de 2022. El PSOE también plantea que ese pago se habría producido antes de la calificación provisional autonómica como vivienda protegida, que sitúa en septiembre de 2023, y antes de la autorización formal para percibir cantidades a cuenta de adjudicatarios, que ubica en febrero de 2024.

Ante las preguntas sobre cuándo se enteró el equipo de gobierno de la vinculación de Rocío Gómez con la promoción de Les Naus, la portavoz municipal Cristina Cutanda no ha fijado fechas. Ha señalado que, habiendo una comisión, “será el momento idóneo para ver ciertas cuestiones” en ese foro.

A ese clima se ha sumado, este martes, una publicación de eldiario.es sobre el residencial Los Lirios, que vuelve a situar el foco mediático en el entorno del alcalde. La información sostiene que la excuñada de Luis Barcala, entonces pareja de su hermano Carlos Barcala,fue resultó adjudicataria de una VPO en esa promoción y, además, en el mismo rellano y puerta con puerta con la vivienda protegida de la esposa del alcalde. Según ese relato, el inmueble se destinó al alquiler y se puso en venta en 2020, una vez transcurrido el periodo de protección.

El propio Barcala ya respondió días atrás a las informaciones sobre la vivienda protegida de su esposa asegurando que ese piso se enmarca en un régimen de vivienda protegida “destinada exclusivamente al arrendamiento” dentro de una promoción en la que, según explicó, una parte de los inmuebles tenía esa calificación específica. En ese contexto, sostuvo que “no es para uso propio de los compradores”, sino para alquilarlo dentro de los precios máximos fijados y cumpliendo la normativa, y recalcó que “se ha cumplido escrupulosamente desde el primer minuto toda la normativa”.

La respuesta del equipo de gobierno antes ambas informaciones ha sido tajante: “son cosas de la sincronizada” y “no vamos a entrar a seguirle el juego”, han zanjado. Cutanda ha enmarcado el debate en lo que ha calificado literalmente como “la cacería contra la persona del alcalde y contra el Partido Popular que está organizada por la sincronizada” -a su juicio, un “equipo de opinión sincronizada de la izquierda”-; y ha defendido que el Ayuntamiento ha considerado el asunto “muy importante” y por eso “lo hemos llevado a Fiscalía para que se investigue”.

Pérez Hickman: renuncia tramitada y vacante pendiente

La comparecencia también ha abordado la situación de Pérez Hickman, por la que se ha preguntado tras las referencias del alcalde a que se aclarara en esta rueda de prensa. Cutanda ha subrayado que lo ocurrido es una “renuncia” y “no es cese”.

Según ha detallado, la renuncia se presentó el mismo día del pleno ordinario de enero y se tramitó de forma administrativa en los días siguientes: se firmó el decreto de inicio de la renuncia y su reintegro al puesto anterior, se sometió a fiscalización —al afectar a un movimiento de personal— y ya se ha hecho efectivo.

Sobre quién ocupará la dirección general que queda vacante, el equipo de gobierno ha señalado que “no hay nadie todavía” y que, cuando haya un nombre que anunciar, se comunicará.

Pérez Llorca y la “información privilegiada”

En el turno de preguntas, el Ayuntamiento también ha sido consultado por las declaraciones del presidente de la Diputación, Toni Pérez Llorca, que ha apuntado a un posible caso de “tráfico de influencias” o “información privilegiada”. La respuesta del equipo de gobierno ha sido evitar ese encuadre: “no vamos a entrar”, han dicho, alegando que no disponen de más información que la ya conocida públicamente sobre el caso.

En el plano judicial, el Ayuntamiento afirma que remitió documentación la semana pasada y que, desde entonces, “no tenemos más información del juzgado, ninguna comunicación posterior”. Han añadido que entienden que se está verificando lo enviado, dado que se trata de “mucha documentación”, pero han recalcado que no hay “ninguna novedad” desde ese momento.

En paralelo, el Ayuntamiento ha recordado que en el pleno ordinario de febrero se dio cuenta de la renuncia de Rocío Gómez y que el concejal que la sustituya tomará posesión previsiblemente en el pleno ordinario de marzo. En esa sustitución, quien debe incorporarse es Luis Alfonso Morata.


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