El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha anunciado en Alicante que la futura Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana se tramitará en Les Corts a finales de 2026. Según ha explicado, el objetivo es disponer de un marco que “ordene, clarifique y simplifique” la normativa urbanística, con reglas más previsibles y procedimientos menos densos.
Durante una jornada técnica celebrada en el Museo Arqueológico de la Diputación de Alicante (MARQ), el conseller ha defendido que la reforma “no es únicamente un texto jurídico ni una reforma técnica”, sino “un anteproyecto que define cómo queremos vivir y qué modelo territorial queremos dejar a las generaciones que nos sucederán”. En ese contexto, ha sostenido que el nuevo marco permitirá pasar “de la incertidumbre a la claridad, del laberinto al mapa, del bloqueo a la acción”, y ha insistido en que el territorio “no es un problema que haya que sortear, sino un activo estratégico cuando se gestiona bien”.
Martínez Mus ha vinculado el cambio normativo a la necesidad de disponer de suelo para responder al crecimiento demográfico y económico. En sus palabras, “tenemos una necesidad que todo el mundo conoce, tanto de suelo residencial como de suelo industrial”. También ha señalado que la Comunitat Valenciana está “creciendo en población y en empuje económico” y, por tanto, requiere una normativa capaz de albergar esa evolución “con flexibilidad, con raciocinio y con criterio”.
Una reforma para acortar trámites y dar más agilidad al planeamiento
El conseller ha explicado que la normativa actual es fruto de “demasiados años de parches, reformas parciales y correcciones de urgencia”, lo que, según ha indicado, ha derivado en textos “excesivamente densos”, procedimientos “largos e imprevisibles” y trámites que se alargan hasta hacer inviables muchos proyectos. En ese sentido, ha recordado que la tramitación de un plan general “se ha convertido demasiadas veces en una auténtica carrera de obstáculos”, con expedientes que, según ha expuesto, se han prolongado “15 o incluso 20 años”. “La protección no puede basarse en la parálisis, sino en la planificación inteligente”, ha afirmado.
Según ha detallado, el anteproyecto ha sido elaborado con trabajo técnico liderado por la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, con análisis de legislación estatal, revisión de jurisprudencia y estudio de modelos de otras comunidades. Además, ha remarcado la voluntad de que el proyecto llegue a Les Corts tras el verano, con la previsión de que la tramitación y aprobación definitiva se complete durante 2026.
Entre las principales novedades, el texto sitúa la ordenación territorial como pieza estructural del sistema, alineando vivienda, industria, infraestructuras, transporte y protección ambiental. El nuevo Plan General tendrá carácter estratégico y directivo, mientras que la ordenación pormenorizada quedará para los planes de desarrollo, con el objetivo de facilitar que los instrumentos de planeamiento puedan aprobarse, revisarse y adaptarse con mayor agilidad.
Plan Urbanístico Simplificado y reglas para edificaciones preexistentes
El anteproyecto incorpora un Plan Urbanístico Simplificado dirigido a municipios pequeños o en riesgo de despoblación, con una carga técnica menor y trámites proporcionados. También plantea abordar las edificaciones preexistentes fuera de ordenación mediante órdenes individualizadas de minimización, exigiendo condiciones de seguridad, salubridad e integración paisajística.
En materia residencial, el texto fija reservas de edificabilidad alineadas con la legislación básica estatal: 40 % en suelo urbanizable y 20 % en actuaciones de reforma o renovación en suelo urbano. Según ha expuesto Martínez Mus, estos porcentajes “no son un fin en sí mismos”, sino una herramienta para afrontar el déficit de vivienda, especialmente la vivienda asequible. En esa línea, ha señalado que “no hay competitividad territorial sin vivienda accesible. No hay crecimiento económico sostenible si quienes trabajan no pueden vivir cerca de su empleo”.
El conseller ha defendido que establecer reglas claras permitirá planificar con seguridad, anticipar costes y aumentar la oferta de vivienda sujeta a algún régimen de protección pública.
Proyectos de Interés Autonómico con plazos de seis o nueve meses
La futura ley incorpora los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) como instrumentos para impulsar de forma ágil iniciativas estratégicas vinculadas a inversión y creación de empleo estable. Según lo expuesto, podrán aprobarse en un plazo de seis meses si requieren licencia ambiental, o en nueve meses si precisan Autorización Ambiental Integrada, tras el acuerdo previo del Consell.
Martínez Mus ha concluido que la nueva norma permitirá “desbloquear planes estancados, generar suelo para vivienda asequible, atraer inversión industrial y logística, rehabilitar barrios degradados y luchar contra la despoblación con instrumentos reales”.
En el acto han participado la secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio, Sabina Goretti Galindo; el director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, Miguel Ángel Ivorra; el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, además de alcaldes y representantes municipales.
