El Ayuntamiento de Alicante ha dado cuenta de las primeras inspecciones realizadas por la Policía Local en el residencia de cooperativas deviviendas protegidas de Les Naus, en la playa de San Juan. La portavoz municipal, Cristina Cutanda, ha detallado que el informe de los agentes «muestra datos verdaderamente llamativos sobre el perfil de algunos cooperativistas aceptados» como adjudicatarios del residencial.
La casuística es variada pero la policía habla abiertamentede indicios de múltiples irregularidades. Una de las más llamativas son cinco adjudicatarios de entre 18 y 24 años. Se trata de tres hermanos y dos primos, todos de la misma familia «que obtienen una vivienda cada uno por delante de otras familias».
Pero unido a eso sorprende su edad. Qué edad tendrían cuando se inscribieron como cooperativistas, se ha preguntado la edil. «¿Con 14 o 15 años? ¿Es posible?, ¿la normativa permite que personas de estos perfiles puedan acceder a una vivienda de protección pública?» se ha cuestionado para pasar a describir el rosario de incongruencias con las que el Ayuntamiento ha cargado de nuevo este martes contra la gestión de la cooperativa Fraorgi en la adjudicación de las viviendas.
Una decena de familiares obtienen pisos
No es el único caso en que una misma familia ha obtenido múltiples «viviendas protegidas» en la zona más privilegiada del municipio de Alicante. También se ha comprobado otras tres adjudicaciones a una persona adulta y dos jóvenes de 19 y 22 con el mismo apellido, ha desvelado Cutanda. «Tenemos más de una decena de casos en los que varios miembros de la misma familia se han quedado con los pisos, aunque podrían ser más».
Junto a la juventud de algunos nuevos propietarios de vivienda con piscina, pista de pádel y zonas deportivas en la playa de San Juan, otro de los datos que ha encontrado el Ayuntamiento y la inspección de la Policía Local es elevado número de solicitantes de viviendas para un solo residente: 89 de las 140 de la promoción. Sni embargo, la inspección ocular de los agentes indica que «al menos en una veintena viven más personas». Para Cutanda, «este es un rasgo muy particular de Les Naus, la abundancia de familias registradas como monoparentales».
Una de cada tres viviendas sin empadronados
Asimismo, en el momento de la inspección, la semana pasada, no constaba nadie empadronado en 46 viviendas. si bien «esto no significa que no lo puedan hacer próximamente», aclara la edil. Asimismo, en algunas de las viviendas con personas empadronadas no se ha logrado verificar que viva nadie, ha eplicado.
Otra de las cuestiones que ha destacado la policía es que al menos 26 buzones se apreciaban descuidados a simple vista, con múltiples impresos publicitarios y correo. «Esto puede indicar que no aparecen habitualmente por el edificio».
Adicionalmente, los agentes indican que «hay bastantes pisos donde no vive ninguna persona de forma habitual, aunque día a día se va incrementando la presencia de titulares que posiblemente no residieran en la misma». Asimismo, se ha detectado hasta 12 personas que están viviendo en seis viviendas de la cooperativa donde no reside el titular de la misma.
Sobre estos posibles casos de arrendamiento, Cutanda ha subrayado que para vivir de alquiler en estos pisos es imprescindible contar con el permiso expreso de la Conselleria. Además, tras comprobar que casi una de cada tres viviendas de las 140 en Les Naus parece vacía, recuerda que los propietarios están obligados a residir en las viviendas adjudicadas en un plazo de seis meses desde la firma de la escritura. Un plazo que para la inmensa mayoría o para todos acaba de expirar.
Remision del informe a Conselleria
El informe policial, encargado por el alcalde, Luis Barcala, y elaborado por agentes de las unidades de Disciplina Urbanística y Barrios, ya ha sido entregado a la Conselleria de Vivienda a requerimiento de la Generalitat para verificar “in situ” quién reside en estas viviendas de protección pública y si se han producido irregularidades en la selección, adjudicación y posterior ocupación. En este sentido, Cristina Cutanda ha emplazado a la cooperativa a explicar “con todo detalle” cómo se seleccionó a los cooperativistas y cuáles fueron los criterios y el procedimiento de adjudicación, al tiempo que ha recalcado que el papel municipal se limitó a la venta del solar y a la licitación de la obra, mientras que la adjudicación correspondía a la cooperativa y el visado y visto bueno de las solicitudes, a la Generalitat. Sobre este punto, la portavoz ha recordado que el funcionario autonómico que se encargaba de esa función ha sido expedientado y suspendido de empleo y sueldo.
Remisión de documentación al juzgado
En la misma comparecencia, el vicealcalde Manuel Villar ha insistido en que la colaboración con la Justicia “es total” y ha avanzado que el Ayuntamiento prevé remitir “mañana mismo” la jueza de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia toda la documentación que tiene recopilada sobre esta promoción y la cooperativa, no solo la que ha sido solicitada de forma individualizada, sino también aquella información adicional que consta en el consistorio y no ha sido requerida todavía.
Cuatro renuncias
Preguntados por si el Ayuntamiento tiene constancia de más renuncias o intentos de renuncia de funcionarios vinculados a la cooperativa, los responsables municipales han señalado que “en este momento” no les consta ninguna más, más allá de las dos comunicadas en los últimos días, y han precisado que esas renuncias deben notificarse obligatoriamente a la Conselleria de Vivienda, no necesariamente al Ayuntamiento. De acuerdo con manifestaciones ayer de la consellera Susana Camarero, ella habría oído sobre las dos primeras renuncias, que corresponderían a dos personas divorciadas y que según ha trascendido se habrían reconciliado. Ambas titulares de dos pisos que ahora pretenden devolver. La consellera no habría oído nada acerca de otras dos renuncias, correspondientes a la arquitecta municipal y esposa del arquitecto responsable de visar los requisitos de los cooperativias de Les Naus en la Dirección Territorial de Vivienda y de la tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, tal y como ha adelantado Alicante Plaza.
La vía para devolver las viviendas está por concretar
Sobre la posibilidad de que algunos adjudicatarios desistan de las viviendas, desde el consistorio han indicado que están abordando con la Conselleria cuál es el procedimiento “correcto” y “más efectivo” para canalizar esos casos, y han reconocido que se trata de un escenario novedoso y técnicamente complejo. En este contexto, han explicado que se está hablando con la Generalitat para perfilar un eventual convenio de cesión de competencias, sin concretar todavía quién lo redactaría ni plazos, y han evitado pronunciarse sobre la viabilidad práctica del mecanismo de tanteo en este tipo de operaciones.
El aviso de la inspección de la Policía Local horas antes
El Ayuntamiento también ha sido preguntado por la advertencia previa del alcalde Luis Barcala el martes pasado de que la Policía Local iba a realizar inspecciones en el edificio esa tarde. Para Cutanda la comunicación respondía a la necesidad de revisar información requerida y de contar con datos “buenos para la investigación” en curso.
En cuanto al pulso político con la cooperativa, después de que esta anunciara que se plantea acciones legales, el equipo de gobierno ha reiterado que “cada uno” defenderá sus intereses como considere y ha avanzado que el Ayuntamiento está valorando personarse en la causa como acusación particular. No obstante, han evitado dar fechas sobre cuándo podría adoptarse esa decisión, al tratarse de un trámite con sus propios pasos.
Las decisiones sobre los funcionarios expedientados esperan a la resolución de los expedientes informativos
Por último, a preguntas sobre posibles medidas internas tanto a los arquitectos como a la jefa de Contratación el consistorio ha indicado que mantiene abiertos expedientes informativos y que su intención es concluirlos “lo más rápidamente posible” para, a partir de ahí, adoptar las decisiones que correspondan. En ese marco, en lo que afecta a la jefa de servicio de contratación, María Pérez-Hickman, para quien Compromís pide que se le aparte de Contratación como medida inicial Villar ha insistido en que la resolución “va a ser muy rápida” y que cualquier decisión sobre su continuidad y funciones quedará condicionada al desenlace de ese procedimiento. Igualmente en el caso de la arquitecta de Urbanismo y su compañero el arquitecto Rafael Nieto, del que Diario Información ha desvelado que es miembro de la comisión del Plan Vive, el programa estrella de la Generalitat Valenciana para dotar de vivienda pública a los parques muncipales.
El portavoz adjunto ha recordado, además, que, junto a los expedientes abiertos a personal de Urbanismo y a María Pérez-Hickman, se ha incoado un tercer expediente informativo “en relación con el acceso a información reservada”, con el objetivo de “averiguar hechos” antes de adoptar decisiones.
Crece la presión de la izquierda sobre el ejecutivo local
En vez de calmar los ánimos, las novedades de este martes han agitado más el avispero municipal. Los partidos de izquierda en el Ayuntamiento de Alicante han pedido de nuevo la dimisión del alcalde, Luis Barcala (PP), tras conocer los numerosos indicios de irregularidades observados en la inspección de la Policía Local en las viviendas de protección pública de la Playa de San Juan.
Tanto la portavoz socialista, Ana Barceló, como el portavoz de Compromís, Rafa Mas, sitúan al alcalde como responsable político del caso en la promoción Les Naus.
Según ha afirmado Barceló tras la rueda de prensa celebrada este martes por el equipo de gobierno, «este escándalo se está convirtiendo en un auténtico tsunami que tiene el epicentro en este Ayuntamiento». En esa misma línea, ha sostenido que Barcala «no se puede presentar como un mero espectador o un comentarista, y mucho menos como víctima», y ha añadido que «es imposible que la cooperativa haya funcionado sin ningún control, campando a sus anchas».
La portavoz socialista también ha señalado la falta de medidas previas en la adjudicación de las viviendas, «empezando por el pliego de condiciones» con el que se adjudicó el terreno público y la construcción de la urbanización.
La oposición sitúa a Barcala como responsable político
Por su parte, Mas ha considerado al alcalde «el responsable político de esta trama corrupta que está tramando con nuestro suelo» y, como el PSPV-PSOE, ha expresado su desconfianza en la investigación realizada por el equipo de gobierno del PP para recabar los datos requeridos por el juzgado que investiga la causa.
En ese contexto, Mas ha puesto como ejemplo que «no cotejaron el padrón dos días después de que saltara el escándalo cuando se lo pedimos». También ha lamentado que el Ayuntamiento hiciera público por adelantado que la Policía Local iba a personarse en el residencial para realizar las pesquisas, al considerar que eso pudo provocar que a los adjudicatarios «les diera tiempo a hacer las mudanzas».
La oposición también ha puesto el foco en las posibles consecuencias para funcionarios vinculados a la investigación. «¿Por qué no apartan a (la ya exdirectora general municipal María) Pérez-Hickman de Contratación?», ha cuestionado Mas.
En la misma comparecencia, Barceló ha planteado otra duda sobre la estructura municipal: «¿Qué pasa con el arquitecto que está dentro de la mesa de contratación y seguimiento del Plan Vive?», en referencia a Francisco Nieto, funcionario municipal investigado por su papel en la supuesta trama.
