La Generalitat Valenciana ha comunicado al juzgado de Alicante que investiga las supuestas irregularidades en la adjudicación de las viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus, en la Playa de San Juan, la existencia de ocupantes empadronados que no resultaron beneficiados en el proceso de adjudicación.
Así lo ha explicado este lunes la vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, que ha detallado que el pasado viernes se remitió a la magistrada una “información nueva”, obtenida tras “casar los visados con las personas que, según el ayuntamiento, se han empadronado” en los domicilios de la promoción.
Camarero ha indicado que esos datos ya están a disposición de la Justicia para que investigue “por qué hay otras personas” y ha señalado que su departamento está enviando al juzgado “aquellas cuestiones que descubrimos que no casan”.
Revisión de expedientes y posibles ocupaciones irregulares
Según ha expuesto la consellera, la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la ciudad podrá solicitar “la información que necesita” para determinar si, efectivamente, las viviendas “están siendo ocupadas por las personas que han pedido el visado y han comprado la vivienda”.
Mientras continúa el análisis, Camarero ha asegurado que la Conselleria mantiene abierta la revisión de expedientes y que todavía se está “en plazo” para que las personas a las que les falta documentación puedan aportarla.
Renuncias y derecho de tanteo ante posibles ventas
La consellera ha señalado que ha escuchado la intención de dos primeras renuncias expresada por parte de sendos adjudicatarios, aunque ha matizado que no tiene constancia de otras dos que se habrían producido en las últimas horas. En cualquier caso, ha recalcado que ninguna renuncia se ha formalizado aún mediante la presentación de los trámites y la documentación pertinente.
En ese contexto, ha advertido de que si se materializara una propuesta de venta con una oferta por parte de un tercero que cumpla los requisitos legales para acceder a una vivienda pública, “la consellería podrá ejercer el derecho de tanteo”, tanto directamente como “a través del Ayuntamiento de Alicante”.
“Lo que tenemos claro es que no vamos a permitir que se especule con las viviendas de protección pública”, ha afirmado Camarero, que ha insistido en que la Generalitat se mantendrá “vigilante” para impedir que se intente “especular o hacer trampas” y que trasladará “todas las irregularidades al juzgado” para que se revisen, se investiguen y se adopten medidas “desde el punto de vista legal”.
