La Policía Nacional ha detenido en Alicante a cuatro personas acusadas de integrar una organización dedicada a cometer estafas inmobiliarias en Alicante en operaciones de compraventa de viviendas.
Los arrestados, tres hombres y una mujer de entre 25 y 42 años, trabajaban en dos inmobiliarias y están investigados por delitos de estafa, falsedad documental, coacciones y contra los derechos de los trabajadores.
La investigación, desarrollada por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Alicante, se inició tras la denuncia de una víctima que alertó de una presunta estafa vinculada a la compra de varias viviendas. Según la denuncia, los responsables utilizaban documentación falsa para tramitar contratos de arras y préstamos hipotecarios.
Presiones para firmar y pérdida de 50.000 euros en arras
En el relato de la denunciante también figuraba la actuación de un trabajador de otra inmobiliaria que la habría amenazado y presionado para que firmara la disolución del contrato de arras de uno de los inmuebles pactados. Como consecuencia, perdió cerca de 50.000 euros entregados previamente.
Tras analizar la documentación intervenida y localizar nuevas víctimas, en su mayoría ciudadanos extranjeros, los investigadores concluyeron que los implicados habrían cometido falsificación documental, estafa y coacciones.
Según la investigación, los detenidos se aprovechaban del desconocimiento de las víctimas sobre los trámites necesarios para adquirir una vivienda. Además, explotaban su situación de vulnerabilidad, ya que muchas residían en alquiler y debían abandonar sus inmuebles en un corto plazo, lo que aumentaba la presión para cerrar la operación.
Más de 100.000 euros de perjuicio económico
El método era siempre similar. Ofrecían supuestas viviendas en condiciones ventajosas y exigían importantes cantidades en concepto de reserva y arras. Después, instaban a firmar documentación aparentemente oficial, incluyendo simulaciones bancarias presuntamente manipuladas para aparentar viabilidad financiera.
Cuando llegaba el momento de formalizar la compraventa, las víctimas descubrían que la operación era inviable o que la vivienda no estaba realmente en venta. El perjuicio económico supera los 100.000 euros, a lo que se suma el impacto personal y social para los afectados, algunos de los cuales agotaron sus ahorros o solicitaron préstamos personales y llegaron a quedarse sin vivienda.
En el operativo policial fueron detenidas cuatro personas. Dos de ellas también están investigadas por un delito contra los derechos de los trabajadores al tener contratada a una persona extranjera sin cumplir las condiciones laborales y de Seguridad Social.
Tras las diligencias, el principal investigado ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante. La investigación continúa abierta para identificar a más posibles víctimas.
