Asociaciones vecinales y entidades de la sociedad civil de Alicante han exigido responsabilidades políticas por lo que consideran una «gestión opaca» de la vivienda pública en la ciudad. Según defienden, la adjudicación de estas viviendas debe regirse por transparencia, criterios objetivos, igualdad de acceso y control democrático, y sostienen que nada de ello puede garantizarse si la política municipal de vivienda “se gobierna de espaldas a la ciudadanía”.
En un posicionamiento conjunto, las 59 organizaciones firmantes han vinculado la situación actual con la falta de respuesta del Ayuntamiento a peticiones anteriores del movimiento vecinal. En concreto, recuerdan que en mayo y junio de 2024 solicitaron formalmente al alcalde, Luis Barcala, explicaciones y diálogo sobre la política municipal de vivienda pública, incluyendo el alquiler social, los criterios de adjudicación, la planificación y los barrios prioritarios. Según sostienen, aquellas solicitudes no obtuvieron “respuesta alguna”, ni se concretaron reuniones ni compromisos.
Desde el movimiento vecinal insisten en que los hechos conocidos no deben interpretarse como episodios aislados ni como simples errores administrativos. A su juicio, serían la consecuencia de una gestión sin rendición de cuentas y sin participación vecinal, pese a las advertencias previas de las asociaciones.
Las peticiones vecinales de 2024 y la falta de respuesta
Las entidades firmantes señalan que, en los contactos planteados en mayo y junio de 2024, no reclamaban “favores”, sino información y mecanismos de participación. Según explican, plantearon la necesidad de transparencia en la gestión del parque de vivienda pública y de una planificación municipal que fijara prioridades por barrios, con criterios claros y verificables.
Cinco exigencias sobre la vivienda pública
El documento recoge cinco demandas concretas que, según explican las asociaciones, consideran imprescindibles para recuperar la confianza ciudadana y garantizar la transparencia en la política municipal de vivienda:
- Una auditoría inmediata, completa e independiente de los procesos de adjudicación de vivienda pública, con publicación íntegra de sus conclusiones.
- La paralización cautelar de las adjudicaciones “bajo sospecha” hasta que, según reclaman, se esclarezcan las responsabilidades políticas y administrativas.
- La constitución “urgente” de una mesa municipal de vivienda con participación vecinal real y vinculante, y no únicamente consultiva.
- La elaboración y publicación de un plan municipal de vivienda social, con calendario, financiación, prioridades por barrios y mecanismos de seguimiento público.
- La asunción de responsabilidades políticas al más alto nivel por, según argumentan, haber ignorado reiteradamente las solicitudes formales del movimiento vecinal y permitir una gestión opaca.
Además, las organizaciones firmantes advierten de que mantendrán la vigilancia y la movilización vecinal, según indican, «mientras no se produzcan cambios reales» en la gestión de la vivienda pública. El texto también queda abierto a la adhesión de más asociaciones y colectivos.
