El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado este martes que dos adjudicatarios de las viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus, en la Playa de San Juan, han renunciado a los pisos. Según ha explicado, son “dos personas que no han aparecido en ningún medio ni reflejadas como relevantes”, y ha animado a quienes alberguen dudas sobre la legitimidad de su acceso a dar el mismo paso: “ante la duda, renuncien y las entreguen”.
En su comparecencia de rueda de prensa tras la celebración de la Junta de Gobierno, el primer edil ha informado, asisimismo, que la policía vertificará «piso por piso» quiénes los habitan. El alcalde ha enmarcado estas actuaciones como un opereativo adicional en respuesta a un requerimiento trasladado por la Conselleria de Vivienda.
Según ha explicado la solicitud del departamento autonómico, “tiene un carácter doble”. En primer lugar, se ha solicitado “que se compruebe con los medios necesarios que efectivamente las viviendas responden a ese requisito de habitabilidad” para poder acceder a ellas y, por tanto, “que están habitadas”. El segundo aspecto es “más técnico” y afecta “a aquellos que pudieran tener una exención en el padrón municipal para habitarlas efectivamente”. El alcalde ha señalado que, por parte de Estadística, esa parte “ya se ha cumplido” y “ya se ha enviado la certificación requerida”, “diciendo exactamente la relación completa de todas las personas que están empadronadas en todas y cada una de las viviendas”.
En paralelo, el Ayuntamiento prepara la verificación sobre el terreno con apoyo de la Policía Local. Barcala ha indicado que “el dispositivo que con policía local vamos a poner en marcha, se pone en marcha esta misma mañana”. Ha insistido en que la comprobación que se pretende no se limita a revisar el empadronamiento “teórico”, sino a comprobar que la información del padrón “se corresponde con la realidad” y que las viviendas están efectivamente habitadas. Es decir, la idea es que los agentes identifiquen a los residentes «piso por piso».
El alcalde también ha explicado que el protocolo de esa actuación se está fijando ahora, porque primero debe determinarse “hasta qué punto” puede actuarse, incluida la posibilidad de que la Policía Local “pueda entrar en una urbanización”, una cuestión que, según ha dicho, “jurídicamente están viendo ahora”. En todo caso, ha defendido que la Policía Local ya interviene en verificaciones similares, especialmente para la expedición de certificados de convivencia y para las fes de vida, y ha enmarcado este operativo en dos planos: “la solicitud de cooperación administrativa que ha solicitado la Generalitat” y el “rango de competencias” de la propia administración autonómica.
“Quiero que se inspeccionen inmediatamente las viviendas una por una y que se compruebe quién vive en los pisos adjudicados, y si están ocupados legalmente”, ha explicado el alcalde, ha aseverado.
Las renuncias y próximos adjudicatarios
Barcala ha evitado detallar los motivos concretos que han llevado a los dos adjudicatarios a desistir, aludiendo a la Ley de Protección de Datos, aunque ha apuntado que podrían haber cambiado sus circunstancias o que los requisitos se hubieran interpretado de forma incorrecta. En cualquier caso, ha insistido en que el Ayuntamiento seguirá actuando con “contundencia, celeridad y máxima transparencia” y ha subrayado la “alarma social” generada por este caso.
«Soy consciente de la alarma social que este escándalo ha generado, a mi me escandaliza como al que más porque Alicante no se merece esta mancha”, ha llegado a afirmar.
Sobre el paso siguiente tras las renuncias y posibles vacantes, el alcalde ha remarcado que la sustitución no es un trámite inmediato y que debe ajustarse a fórmulas jurídicas concretas y la competencia recae sobre la Conselleria de Vivienda. Ha explicado que estas viviendas pueden quedar disponibles “o bien en virtud del ejercicio de un tanteo y retracto”, “en virtud de una acción de nulidad” o por entrega voluntaria. En este último caso, ha precisado que la entrega no es “aquí te dejo las llaves”, porque “eso se tiene que formalizar en una escritura”, al suponer “revertir una operación inmobiliaria que ya está hecha”. Por todo ello, ha insistido en que “es Conselleria quien tiene que determinar cómo se ejecuta todo eso”, es decir, quiénes serán los siguientes adjudicatarios y el procedimiento exacto de sustitución conforme al marco legal aplicable.
Comisión de investigación y expedientes abiertos
En el plano político, Barcala ha informado de que, para la comisión del pleno creada para analizar el asunto de Les Naus, ya se ha designado al vicealcalde Manuel Villar como presidente y al concejal de Urbanismo, Toño Peral, como vocal por parte del equipo de gobierno. El alcalde ha añadido que el objetivo es convocar “en el más breve plazo posible” la sesión constitutiva, mientras se recopilan informes de Patrimonio, Urbanismo, Contratación, Recursos Humanos e Informática para que los miembros dispongan de la máxima documentación.
Sobre las actuaciones internas, ha recordado que existen dos expedientes abiertos a dos arquitectos municipales. Además, ha detallado un expediente informativo vinculado al entorno de contratación y otro relativo al “manejo de la información” que ha circulado estos días y que podría implicar irregularidades en el acceso o tratamiento de datos.
Sobre este particular, ha indicado que “hemos pedido informes a las distintas concejalías y he exigido conclusiones para que podamos tomar las medidas que se deban tomar con la mayor brevedad y con la contundencia necesaria” en lo que respecta a los expedientes abiertos a funcionarios, así como la apertura de otro expediente informativo “por si pudiera haberse producido alguna irregularidad en el acceso y manejo a la información”.
En el ámbito judicial, Barcala ha indicado que el Juzgado de Instrucción número 5 ha asumido la instrucción del asunto y ha requerido a Fiscalía la remisión de las denuncias presentadas para unificar el procedimiento. Al respecto, ha expresado “confianza máxima en la justicia”, “respeto máximo” al trabajo de la jueza y “máxima colaboración” por parte del Ayuntamiento, reclamando también “celeridad” para esclarecer los hechos.
Vivienda pública municipal: El Portón y la calle Ceuta
Barcala ha enmarcado el caso de Les Naus en un mandato en el que la vivienda “era una prioridad y sigue siendo la prioridad”, con el objetivo de impulsar más de 6.000 viviendas en la ciudad, de las cuales “el 30% al menos” debe ser de protección pública. A la vez, ha anunciado que la revisión alcanzará también a la vivienda de promoción estrictamente municipal, donde el Ayuntamiento sí tiene responsabilidad directa en las adjudicaciones.
En este sentido, ha avanzado que se celebrarán reuniones del Patronato para poner sobre la mesa toda la documentación y los datos de los procesos de selección vinculados a El Portón y a los nuevos pliegos que se redacten para la calle Ceuta. Sobre este último punto, ha explicado que se está revisando el pliego y valorando fórmulas para reforzar el sistema, incluyendo la posibilidad de establecer condiciones generales mínimas de acceso y, después, acudir a un sorteo público, además de exponer la baremación realizada para garantizar, ha dicho, “transparencia máxima”.
Barcala ha recordado que estas actuaciones se suman a una batería de medidas ya adoptadas o en marcha para esclarecer lo ocurrido y reforzar el control. Entre ellas, ha citado las dimisiones de la concejala de Urbanismo Rocío Gómez, y la dimisión de la directora general de Ordenación Interna, María Pérez-Hickman. Sin embargo, en el transcurso de su intervención y de la del vicealcalde, no se ha precisado si esta última continuará coo jefa de servicio en el área de Contratación.
Ha subrayado la rápida reacción municipal, al solicitar un informe a la Tesorería Municipal sobre el listado de adjudicatarios de la cooperativa, la apertura inmediata de un expediente de averiguación de hechos, la denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial expediente informativo a dos técnicos de la Concejalía de Urbanismo, la celebración del pleno extraordinario y monográfico y el apoyo a la creación de la comisión de investigación en el Ayuntamiento.
Tanteo y retracto y aciones de nulidad
En paralelo, el alcalde ha señalado que está prevista la inminente firma de un convenio con la Generalitat para ejercer la acción preferente de tanteo y retracto sobre las viviendas de esta promoción que puedan salir a la venta y garantizar que los pisos vuelvan al circuito de vivienda protegida.
Además, Barcala ha explicado que el Ayuntamiento ejercerá la acción de nulidad de las operaciones de compraventa de aquellas viviendas que se demuestre que “se han efectuado en fraude de ley”. Esto implica acudir a la vía legal para dejar sin efecto ventas que, tras la investigación, se acrediten como realizadas vulnerando las normas que rigen el acceso a una vivienda protegida, de forma que la vivienda pueda recuperarse conforme al procedimiento correspondiente.
Por último, el alcalde ha señalado que el Ayuntamiento incorporará a la normativa municipal cuantos refuerzos de los mecanismos de control y adjudicación de vivienda pública implemente la Generalitat en la ley autonómica y también en las bases de aquella vivienda pública cuyo promotor es el propio Ayuntamiento.
El grupo socialista exige el traslado a Fiscalía de las dos renuncias
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Barceló, ha exigido al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que ponga “inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción” qué dos propietarios han renunciado a pisos en la urbanización Les Naus para que se aclare cómo accedieron a ellos y por qué se produce ahora esa aparente renuncia voluntaria.
Barceló ha sostenido que “la mayoría de las personas que conocemos que se han adjudicado esas viviendas tienen un vínculo con el Partido Popular o con este Ayuntamiento” y ha afirmado que “lo que está ocurriendo en Alicante es un escándalo del PP, de Barcala y de Pérez Llorca porque ha habido una falta de control inaceptable”. Según ha añadido, “en este Ayuntamiento se han abierto canales de comunicación de información privilegiada que han posibilitado la compra de esas viviendas por personas que ahora sabemos que no cumplían los requisitos”. La portavoz socialista ha concluido que “el alcalde es el máximo responsable político y seguimos exigiendo su dimisión”.
Barceló ha afirmado además que el alcalde mantiene a Pérez-Hickman como jefa de la mesa de contratación del Ayuntamiento y ha criticado que “abrir un expediente a esta funcionaria y a otro arquitecto municipal es no hacer nada y no tomar las decisiones que le corresponden como alcalde”. En este contexto, ha sostenido que Barcala “no se puede escudar ahora en que todo era responsabilidad de la cooperativa”, y ha subrayado que el Ayuntamiento no ha dirigido su denuncia ante Fiscalía contra la cooperativa, “como sí ha hecho el Grupo Socialista”. La edil ha pedido una vez más la dimisión del alcalde.
