El Ayuntamiento de Alicante recibirá competencias para tramitar y resolver sanciones en materia de viviendas de uso turístico (VUT), tras el respaldo mayoritario en la Comisión de Urbanismo. La propuesta será llevada al Pleno de enero con votos a favor de PP, PSOE y Vox, y abstención de Compromís y EU.
El vicealcalde Manuel Villar afirmó: “El amplio consenso alcanzado en una propuesta que es de vital importancia para optimizar el control de las infracciones en materia de vivienda turística y acabar con la actividad ilegal en Alicante”. De aprobarse en el Pleno, la iniciativa contaría con 26 de los 29 votos de la Corporación.
Se trata de la adhesión al convenio marco entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que permitirá al Ayuntamiento asumir procedimientos sancionadores por infracciones leves, graves y muy graves de VUT en la ciudad.
La medida complementa otras acciones locales, como la moratoria en nuevas licencias de VUT y la tramitación de la Modificación Puntual N.º 52 del Plan General de Ordenación Urbana, que regula los alojamientos turísticos.
Impacto económico y recursos
El convenio tiene un horizonte de cinco años y cuenta con informes técnicos favorables. El Servicio de Economía y Hacienda asegura la estabilidad presupuestaria, mientras que el Servicio Jurídico confirma la viabilidad legal de la propuesta.
Un estudio del departamento de Inspecciones y Sanciones estima un incremento del 20% en la carga de trabajo, ingresos de 8,8 millones en cinco años y un impacto nulo en gastos, ya que el personal se redistribuirá dentro de la plantilla existente y procesos selectivos en curso.
