Una trabajadora social del Ayuntamiento de Elche ha denunciado agresiones verbales e intimidatorias por parte de una familia de usuarios del Departamento de Servicios Sociales. El incidente ocurrió el 30 de junio de 2025 y motivó que la profesional interpusiera una denuncia ante la Policía Nacional de Elche.
El Consejo General del Trabajo Social expresó su rechazo absoluto hacia cualquier forma de violencia contra los profesionales de este sector. Además, mostró su apoyo a la trabajadora afectada y al equipo del Centro de Servicios Sociales de Elche.
El Comunicado del Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante (COTSA)
El Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante (COTSA) condenó firmemente el ataque verbal sufrido por la trabajadora social y reiteró que la violencia nunca está justificada, independientemente de su forma. Destacaron la necesidad de que los profesionales de los servicios sociales trabajen en un entorno seguro para poder cumplir con su labor de forma efectiva.
El COTSA también expresó su apoyo a la trabajadora agredida y al equipo de trabajo social, recordando la importancia de defender la integridad del personal en el sector público.
El Caso y las Solicitudes de la Trabajadora Social
La trabajadora social agredida, identificada como M. L. C., solicitó al Ayuntamiento de Elche que se persone como acusación particular en el caso y urgió la implementación de medidas de seguridad en el centro social. La profesional tuvo que recibir atención médica debido a una crisis de ansiedad y nerviosismo, como resultado de la agresión.
La denuncia subraya que no se trata de un caso aislado y que, ante la falta de medios y la lentitud administrativa, es esencial que se refuercen las medidas de seguridad para proteger a los profesionales del sector.
Llamado a la Reflexión y Apoyo Institucional
Desde el COTSA se hace un llamado a la reflexión sobre el respeto y la seguridad en las relaciones laborales. Insisten en que los trabajadores sociales no pueden seguir desempeñando su labor bajo presión, miedo e inseguridad. Además, recordaron que es responsabilidad de las administraciones públicas garantizar la integridad y el bienestar de sus empleados.
