El Pleno ordinario del mes de junio en Alicante ha ofrecido infrecuentes parejas de baile como la de la creación de la Comisión No Específica para la Isla de Tabarca, de la que se han desentendido socialistas porque no comprometía objetivos o esta declaración institucional para la creación de una ordenanza reguladora de la actividad de guías turísticos que ha dejado solo en su rechazo al PP.
La edil de Turismo, Ana Poquet, que hasta la fecha había hablado de elaborar una guía de buenas prácticas que facilite la actividad y congracie a guías, concesionarios del Mercado Central y residentes ha ofrecido al PSOE que retirara esta declaración institucional para repensarla y redefinirla de forma consensuada y aprobarla en el próximo Pleno. El principal grupo de oposición se ha negado.
«En ningún caso una ordenanza municipal puede interferir en manera alguna sobre la regulación profesional de los guías dado que se trata de una competencia propia y exclusiva de la Administración autonómica», ha aseverado la edil popular.
«La creación de una ordenanza reguladora debe centrarse en el uso de los recursos e instalaciones municipales utilizados por los guías turísticos pero en ningún caso debe exceder esta finalidad por falta de competencia», añadía Poquet.
Sus observaciones no se han tenido en cuenta por ningún grupo de la oposición en el día de hoy. Trini Amorós, proponente por el grupo socialista, se ha granjeado los apoyos de la mayoría del hemiciclo para iniciar el expediente que apruebe la ordenanza.
Entre las razones expuestas, «evitar molestias a los vecinos en sus horas de descanso, dos para garantizar la buena convivencia entre los clientes del Mercado Central y los turistas«. Pero también «dar respuesta a la Asociación de Guías de Turismo de la Comunidad Valenciana en su demanda de regular la actividad, entre otras cuestiones para evitar el intrusismo y la economía sumergida».
El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ahondaba en las peticiones de la Asociación de Guías Oficiales de la Comunitat Valenciana en Alicante. «Nos piden acreditaciones, nos piden control de aforos, nos piden sobre todo coordinación entre los guías turísticos para no sobresaturar y que el turismo sea respetuoso con la vida y el entorno y la naturaleza. Nos piden también servicios mínimos como aseos como fuentes, no solo obviamente para los guías turísticos y los turistas, obviamente, primero para los ciudadanos». Limpieza, seguridad y conservación del patrimonio se unen a esta lista. «Tenemos la muralla del Castillo hundida, tenemos el Castillo de San Fernando hundido, tenemos el Convento de la Sangre cerrado, el patrimonio yacimiento arqueológico de las playas abandonado y es BIC y, para eso, Trini Amorós, necesitamos una tasa turística«.
Carmen Robledillo, portavoz de VOX se sumaba a la declaración socialista. «El turismo cultural es uno de los productos turísticos que con más fuerza se está introduciendo los últimos años en Alicante. El deseo de aumentar los propios conocimientos o de disfrutar emociones artísticas es causa frecuente del desplazamiento de muchas personas» y para mantener este engranaje turístico defiende «trabajar con el sector turístico para promover aquellas buenas prácticas que se hacen en la ciudad y castigar a aquellos que lo hacen mal».
Manuel Copé, por Esquerra Unida alertaba de que la turistificación puede hacer «morir de éxito» a la ciudad si no se regula y ha aludido a un reciente informe de la Universidad Universidad Politécnica de Valencia que advierte de la emergente necesidad de identificar medidas preventivas para la conservación de los centros históricos y de los edificios patrimoniales.
Copé ha defendido un trabajo conjunto por lo que ha expuesto una enmienda para trabajar conjuntamente no solo con asociaciones de vecinos sino con comerciantes que el PSOE ha rechazado y que la edil del PP explicaba que no es preceptivo incluir a ningún colectivo en la elaboración del texto.
«Estos disponen, al igual que el resto de posibles interesados ,del correspondiente periodo de alegaciones tras la exposición pública del borrador de la nueva ordenanza para solicitar la modificación del texto y realizar aportaciones al mismo. Este es el cauce legal a seguir», ha sentenciado.
