Fiscalía
Josep Manel Sánchez

Compromís recomienda a César Augusto Asencio colaborar con la Justicia, como es obligación de todo representante público, y le insta a aclarar cualquier sombra de duda que recaiga sobre el consistorio después de la apertura de una investigación por presunta malversación, negociación prohibida, prevaricación y tráfico de influencias. La coalición contempla con preocupación cómo Fiscalía ha ampliado los indicios delictivos, sobre los que ya advirtió Compromís por los cauces administrativos municipales pertinentes, después de un informe de alcaldía minusvalorando unos hechos.

Compromís contempla con preocupación cómo Fiscalía ha ampliado su investigación del contrato de conserjes del Ayuntamiento de Crevillent, en el que observa indicios delictivos de presunta malversación, negociación prohibida, prevaricación y tráfico de influencias. La coalición insta al alcalde César Augusto Asencio a colaborar con la Justicia después de que el Ministerio Fiscal haya optado por denunciar ante un juzgado unos hechos sobre los que ya advirtieron los concejales de Compromís por las pertinentes vías administrativas.

La denuncia del Fiscal se produce después de que los concejales de la coalición pusieran en su conocimiento unos hechos que entienden podrían ser constitutivos de delito de malversación y de negociación prohibida en la contrata de Conserjes de Instalaciones Deportivas, dada la relación familiar directa entre el responsable de la gestión, control y supervisión de la contrata y la empresa adjudicataria, así como el incumplimiento del contrato. Estos hechos fueron advertidos en distintos plenos y advertidos mediante el pertinente recurso administrativo, pero fueron minusvalorados por el equipo de gobierno.

Es entonces el fiscal quien realiza una investigación previa para determinar si hay fundamento en los hechos que se le plantean y por ello requiere al Ayuntamiento el expediente de contratación, informes técnicos, facturas, etc, así como informe del Alcalde de los hechos que se investigan. Es el Ministerio Fiscal el que después de valorar toda la documentación en contra de los hechos denunciados, incluida lo alegado del Alcalde, cuando entiende que existen indicios de hechos delictivos que deben aclararse judicialmente e incluso los amplia y suma a los de malversación y negociación prohibida, los de prevaricación y tráfico de influencias.

La coalición insiste en que es el fiscal quien practicadas las oportunas diligencias, que incluye el informe del propio Alcalde y el expediente de contratación con todos sus informes quien califica los hechos presuntamente delictivos y presenta la correspondiente denuncia ante los juzgados de Elche. El fiscal de momento no ha establecido la responsabilidad penal concreta a ninguna persona como tampoco ha hecho Compromís en el escrito dirigido a la fiscalía, porque entendemos desde la responsabilidad, que no es el momento procesal para hacerlo, ya que corresponde cuando empiecen la diligencias judiciales determinarlas.

Este grupo, tiene muy claro desde el primer momento que su objetivo es defender los intereses generales y el interés público y, dado que se abrirá un proceso judicial, entiende que lo más sensato y responsable es la prudencia hasta que sean los jueces los que determinen si existen responsabilidades penales o administrativas. Por ello instan al alcalde a colaborar con la Justicia como es óbice en todo responsable público con el fin de que se esclarezcan los hechos que en opinión de Compromís son claramente irregulares.

La coalición quiere recordar las reiteradas advertencias hechas al Gobierno Municipal sobre este asunto y de las que se hizo caso omiso al rechazar el recurso administrativo presentado por este grupo municipal para corregir la situación desde el propio Ayuntamiento.

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