CCD pide la dimisión de Eduardo Vicente tras conocerse que Elda encabeza la lista de pueblos “díscolos” con el Síndic

El Ayuntamiento ha dejado sin contestar hasta siete requerimientos del defensor del pueblo valenciano.

Coalición de Centro Democrático (CCD) de Elda ha lamentado hoy que el Ayuntamiento de esta localidad encabece la lista de municipios díscolos con el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, con siete requerimientos sin contestar, según ha trascendido en el último informe anual del año 2017, presentado recientemente.

El coordinador, César González, se ha apresurado a pedir la dimisión del concejal de Participación Ciudadana, Eduardo Vicente, porque “se ha centrado en promover la desmovilización pública en vez de fomentarla, y como máximo responsable del área, debe entender que las conclusiones del informe son inasumibles y vergonzosas”.

CCD ha apuntado que con ninguno de los alcaldes del periodo democrático, en los que se han alternado en el gobierno partidos de izquierda, centro y derecha, “habíamos tenido que sufrir el sonrojante dato” de ser el municipio más obstruccionista con la institución de entre los 542 de la Comunidad Valenciana, demérito que hay que atribuir a la gestión de Rubén Alfaro y Eduardo Vicente.

CCD ha exigido al Ayuntamiento de Elda cumpla las normas establecidas en el Estatuto de Participación Ciudadana. Así, ha señalado que por las conclusiones que se han conocido, Alfaro es un “indigno” presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), además de un “mal ejemplo” para el resto de alcaldes valencianos.

El informe del Síndic, en el que se ponen sobre la mesa las malas relaciones con el Ayuntamiento de Elda, evidencia las trabas objetivas que desde la administración se ponen a la participación ciudadana y a la transparencia, que “brillan por su ausencia y se han convertido en un mero discurso para obtener votos”.

CCD también ha mostrado su estupor por los comentarios vertidos por el alcalde en foros públicos, en los que justifica su actitud de impedir la acción institucional de nuestra organización, “como si fuera legítimo suprimir los derechos civiles a quienes pretender participar de la vida pública. “Sólo alguien con ideas muy primitivas puede pensar que no contestar a las quejas de los ciudadanos está justificado”, han concluído.

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