Vox ve “lógico” que no puedan concurrir a las elecciones formaciones políticas que no renuncian a “fragmentar España”, igual que se ilegalizó Batasuna en 2003 por su vinculación con ETA.
Así lo ha expresado su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, quien ha recalcado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, que “hará todos los esfuerzos” para situar fuera de la ley los partidos que no creen en la unidad de España.
Después de las palabras del concejal Javier Ortega Smith al PNB sobre que promoverían su ilegalización, Espinosa de los Monteros ha hecho un paralelismo con la situación de Batasuna en 2003 cuando se le impidió concurrir a los comicios para “no renunciar a la violencia”. “Lo que decimos es igual de lógico”, ha señalado.
“Antes, en los 90, era la violencia el que más nos preocupaba, hoy superado ese momento, sigue habiendo objetivos políticos como la fragmentación de España y no tiene sentido que se permita jugar en el terreno del parlamento a quienes no creen en la unidad nacional”, ha añadido el dirigente de Vox.
Ha defendido que estos planteamientos forman parte de la ley en países como Portugal o Alemania, que cuentan con sistemas que se “defienden” de quienes “quieren romper el país”. “Es una medida muy sana y que muchos españoles comprenderían”, ha indicado Espinosa de los Monteros.
CATALUÑA: “NO SE PUEDE DIALOGAR CON El ATRACADOR”
Preguntado por la posición de Vox hacia la crisis en Cataluña, Espinosa de los Monteros ha recalcado que el diálogo “con golpistas, no se puede” y ha comparado el caso con un “atraco”: “no se puede hablar con el atracador”.
“No se puede ser equidistante, al atracador hay que detenerlo y ponerlo a disposición judicial y una vez haya cumplido su condena, con el entorno se puede amable”, ha señalado el portavoz parlamentario de Vox, pero ha insistido que no se puede mantener un diálogo con quienes, a su juicio, atentan contra la soberanía.
Con todo, entiende que después habrá que realizar una tarea de “restaurar los afectos” entre catalanes y el resto de españoles, de “40 años mínimo”. “Ha habido gente que utilizando las estructuras del Estado se han pasado 40 años queriendo romper los vínculos”, ha explicado.
