Aun resuenan calientes gritos de agitadores de extrema derecha ante la sede socialista de Ferraz esta semana como “Esas lecheras -los furgones de la Policía Nacional- a la frontera”, “Sí, comemos jamón” o “Con los moros no tenéis cojones” y hace unas horas en Alicante, también ante la sede socialista, con “España cristiana y no musulmana”, cuando el grupo parlamentario de VOX en Corts Valencianes ha recogido el guante a sus peticiones. Este jueves, 9 de noviembre, ha presentado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno de España para expulsar a los inmigrantes que entren ilegalmente en el país.
Sostienen que devolver a inmigrantes es la forma de terminar con el efecto llamada. El diputado de VOX David Muñoz ha explicado que “todas las administraciones públicas deben trasladar el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública. Además, pedimos que se eliminen las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u oenegés que promuevan o faciliten la inmigración ilegal y el tráfico de personas, así como a endurecer las penas contra las mafias de la inmigración ilegal y a todos sus colaboradores”.
Instan a administraciones locales a rechazar la reubicación de los inmigrantes desde Canarias
El partido, sin citar explícitamente el caso de los llegados en cayucos a las Islas Canarias, señala que la iniciativa parlamentaria llama a oponerse, desde las administraciones municipales o regionales, a la reubicación en el territorio municipal o regional de cualquier inmigrante que haya entrado irregularmente en territorio nacional y que no haya solicitado protección internacional de ningún tipo.
“En caso de producirse la reubicación de inmigrantes ilegales a nuestra (región/localidad) por mandato del Ministerio del interior, aumentar y reforzar la presencia policial con el fin de garantizar la seguridad de los vecinos y tener controlados a los inmigrantes ilegales mientras se tramitan sus expedientes de expulsión”.
El documento también responsabiliza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al mnistro del Interior, Fernando Grande-Marlaska “de cualquier ataque contra la libertad o la seguridad de los vecinos/ciudadanos de nuestra localidad/región derivada de la reubicación de los inmigrantes ilegales”.
Y reclama que los costes derivados de las reubicaciones de inmigrantes ilegales recaigan exclusivamente en el gobierno español.
Otras reclamaciones: aprobar la lista de países seguros, suspender cooperación al desarrollo con Senegal y regular el internamiento en centros
En términos globales en esta iniciativa se pide aprobar, de forma urgente, de conformidad con la Directiva 2013/32/UE, “la lista de países seguros; esto es, todos aquellos en que, de manera general y sistemática, no existe persecución, tortura o tratos inhumanos o degradantes, ni amenaza de violencia en situaciones de conflicto armado; tales como Marruecos, Argelia o Senegal, países de origen y de tránsito o salida hacia España de las operaciones de las mafias de tráfico ilegal de personas.
También se exige suspender la cooperación al desarrollo con Senegal o cualquier otro país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de gestión de la emigración internacional con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales. Suspender la cooperación al desarrollo con todos aquellos países que llevan paralizadas las negociaciones con la UE para firmar acuerdos de readmisión de inmigrantes ilegales como Argelia o Marruecos.
Además, exigen regular el internamiento en centros de extranjeros, y sus prórrogas, para todos los extranjeros que tengan pendiente la ejecución de una orden de expulsión y retorno. Así como aplicar “de forma sistemática y rigurosa” lo establecido en el art. 8 Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional para acordar el internamiento de quienes, al llegar al territorio nacional, soliciten cualquier tipo de protección internacional a fin de verificar la existencia de causas de exclusión
