La presunta estafa se produjo en junio de 2007 cuando el acusado, administrador y representante legal de una empresa, firmó un contrato de venta con la víctima sobre una vivienda de nueva construcción valorada en 170.000 euros.
El comprador le pagó al procesado más de 45.000 euros en diferentes entregas. Según relata el Fiscal en su escrito de acusación, el empresario se quedó con el dinero pero no terminó la obra de la vivienda, ni tenía contratado un seguro para la construcción.
El Ministerio Fiscal solicita para el acusado una pena de dos años de prisión por un delito de estafa.
