La reciente resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) de anular varios puntos de los pliegos de condiciones del contrato de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos de Benidorm como consecuencia del recurso presentado por el grupo municipal del PSOE va a suponer “un perjuicio económico a los benidormenses”, según ha afirmado hoy el alcalde de la ciudad, Toni Pérez.
El primer edil ha ofrecido hoy una rueda de prensa para valorar dicha resolución, después de haber encargado en el día de ayer los informes técnicos correspondientes a los departamentos de Contratación, Secretaría General, Ingeniería e Intervención “para que diagnostiquen en qué situación queda este procedimiento después de haber incorporado la resolución del tribunal a la próxima comisión informativa de Régimen Interior.
Pérez ha sido tajante al exponer las “consecuencias económicas” que ya de entrada va a suponer para el bolsillo de los benidormenses si el tiempo de concesión del servicio se reduce de 15 a 10 años como propone el PSOE. “Con los pliegos aprobados a 15 años de duración había que pagar 21,6 millones anuales solo en costes fijos. Si el contrato se reduce a diez años está claro que costará bastante más dinero al año porque hay que repercutir el mismo dinero en menos tiempo. Es muy sencilla la explicación” ha afirmado. En concreto, lo ha cifrado en 28 millones anuales de costes fijos.
En ese sentido, el primer edil se ha preguntado “a quién beneficia la denuncia del PSOE y la anulación de los pliegos” porque “los benidormenses vamos a tener que pagar más dinero por el mismo servicio. Un dinero que saldrá del mismo bolsillo, el de los vecinos de Benidorm”.
Toni Pérez ha reiterado varias veces que los pliegos de condiciones fueron avalados hasta en dos ocasiones por la Junta Consultiva de Contratación de la Generalitat y por la Intervención General de la Generalitat y ha remarcado que de las cinco empresas que se interesaron en la licitación y que plantearon consultas, y de las tres que finalmente se presentaron “ninguna de ellas, tras analizar y estudiar los pliegos, ha acudido al TACRC”. “Generalmente, casi siempre, suelen ser empresas las que recurren a este tribunal cuando consideran que algo les puede perjudicar o pno se ajusta a la legalidad. En este caso, curiosamente, han sido concejales del PSOE” ha aclarado el alcalde.
De igual modo, Pérez ha puesto de relieve que el tribunal “no ha hecho ninguna apreciación o puntualización sobre las características del proyecto técnico contemplado en los pliegos, no hay ningún pero u objeción; solo en la parte administrativa”. Ello, ha recalcado, conlleva que la modificación del tiempo de concesión “signifique mayor dinero a pagar por el contribuyente”. En ese sentido, ha avanzado que dicha reducción de 15 a 10 años “también supondrá que un millón anual será para el futuro contratista y su beneficio industrial y no para la mejora del servicio”.
Los pliegos que se aprobaron en pleno preveían además la patrimonialización de las inversiones. Sin embargo, ahora “las inversiones han de ejecutarse igualmente, pero no pasarán a formar parte del patrimonio municipal aunque las pagaremos de nuestro bolsillo”. No obstante, el alcalde ha recalcado que “vamos a esperar a ver qué dicen los informes técnicos que se han encargado” y que una vez redactados “serán ellos los que nos orienten sobre el mejor camino y la hoja de ruta a seguir”.
En su intervención, el alcalde ha insistido en que el servicio de recogida selectiva viene impuesto por una ley de la Generalitat Valenciana de tiempos del Botànic y por otra del Gobierno de Pedro Sánchez. “Era un contrato muy grande porque era el mejor servicio de limpieza que podía tener Benidorm y al menor precio”. Hay que cumplir la ley del gobierno de España porque con la Ley en la mano, si no cumples, te sancionan” ha zanjado.
