La oposición en bloque ha reclamado en la tarde de este jueves la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, en el transcurso del Pleno extraordinario por la adjudicación de las viviendas protegidas de Residencial Les Naus, en la Playa de San Juan. Un debate tenso en el que el alcalde se ha reafirmado en que tuvo conocimiento a finales de enero de posibles irregularidades en la promoción, que afectarían a empleados y cargos municipales, y ha defendido que, desde ese momento, se actuó con rapidez y contundencia.
En la misma sesión plenaria, los grupos han aprobado por unanimidad la creación de una Comisión No Permanente del Pleno para evaluar los procedimientos seguidos y las garantías de imparcialidad en las promociones de vivienda pública sobre suelo municipal, tanto las ya licitadas como las que puedan licitarse en el futuro, así como las vinculadas al Plan Vive de la Generalitat Valenciana.
El primer edil, en una intervención que ha durado alrededor de media hora, ha defendido la actuación del equipo de gobierno local tanto en la gestión del procedimiento administrativo como en las competencias de fiscalización ante la sospecha de irregularidades.
Barcala ha reiterado que el Ayuntamiento ha ejercido el control conforme a sus competencias legales, subrayando que la administración local no ha elegido a los cooperativistas ni adjudicado las viviendas y ha asegurado que el Consistorio llegará “hasta el fondo” para depurar responsabilidades a través de la Fiscalía.
“Desde el momento en que tuve conocimiento de hechos que podían poner en cuestión el fin social de este suelo, ordené actuar”, ha señalado el alcalde, que ha insistido en que “no me va a temblar el pulso” y que se esclarecerá cualquier actuación irregular “caiga quien caiga”.
El alcalde ha confirmado que ya se ha abierto expediente disciplinario a los dos arquitectos municipales beneficiarios directos de viviendas de la cooperativa Les Naus, cuyas identidades han sido trasladadas al Ministerio Fiscal. También ha indicado que se está cruzando información con Recursos Humanos para detectar posibles implicaciones adicionales de personal municipal y familiares directos, así como colaborando de forma coordinada con la Conselleria de Vivienda para revisar expediente por expediente el cumplimiento de los requisitos exigidos.
“Quien haya accedido ilegítimamente a una vivienda de protección pública no puede conservarla”, ha afirmado Barcala, que ha anunciado que el Ayuntamiento ejercerá, junto a la Generalitat, todas las acciones legales disponibles, incluidas las de tanteo y retracto, la nulidad de las compraventas por fraude de ley y la personación como acusación particular si la Fiscalía aprecia indicios de delito.
“El Ayuntamiento no adjudica ni visa las viviendas de protección pública”
En su comparecencia, el alcalde ha insistido en delimitar el reparto competencial en este tipo de promociones. Ha reiterado que el Ayuntamiento es competente en la enajenación del suelo municipal y en la concesión de la licencia de obras, mientras que la selección de cooperativistas y adjudicación de viviendas corresponde a la cooperativa promotora y el visado de los requisitos a la administración autonómica.
“El Ayuntamiento no adjudica ni visa viviendas de protección pública”, ha subrayado, recalcando que los controles municipales se ejercen en el ámbito administrativo que la ley le atribuye y a través de los informes técnicos de los servicios de Patrimonio, Urbanismo y Contratación, así como mediante la supervisión de la Junta de Gobierno Local.
Según ha defendido, el expediente de averiguación de hechos elaborado por la Secretaría General concluye que ninguno de los cargos públicos adjudicatarios de viviendas vinculados al equipo de gobierno intervino en los expedientes municipales de enajenación del suelo o concesión de licencia de obras, que son las dos competencias directas del Ayuntamiento en este procedimiento.
En cualquier caso, referido a la misma concejala, y tras haber insistido el primer edil en desconocer lo que acontecía con las adjudicaciones que realizó la cooperativa Les Naus, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, le ha recriminado que en septiembre de 2025 el Ayuntamiento recibió información sobre la escritura de la vivienda a nombre de Rocío Gómez.
Vox recrimina que en septiembre de 2025 el Ayuntamiento recibió documentación de la vivienda de la exconcejal de Urbanismo
En relación con la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, Barcala ha confirmado que, además de ella, dos familiares más constan como cooperativistas de Les Naus. El alcalde la ha desvinculado del procedimiento administrativo y ha señalado que se remite a las conclusiones del informe de Secretaría General para sostener que no incurrió en incompatibilidad legal.
Ha reconocido que Gómez participó en una reunión en febrero de 2025 en la que se abordó una modificación contractual con la cooperativa, pero ha precisado que dicha actuación no tuvo incidencia directa en la adjudicación de viviendas ni en la concesión de la licencia de obras.
Frente a esta explicación, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha acusado al alcalde de haber tenido conocimiento previo de la situación. En septiembre de 2025 este Ayuntamiento ya conocía la escritura de la vivienda a nombre de la entonces concejala de Urbanismo, le ha espetado durante el debate, sosteniendo que esa información constaba en la documentación municipal vinculada a la liquidación de plusvalías.
Barcala ha rechazado esa afirmación y ha reiterado que la información relevante que activó las actuaciones municipales llegó a su conocimiento a mediados de enero, cuando el área de Patrimonio advirtió formalmente de posibles incompatibilidades, momento a partir del cual, ha defendido, se actuó con rapidez.
“Responsabilidades políticas” y exigencia de dimisión
Desde el PSPV-PSOE, su portavoz, Ana Barceló, ha sostenido que el gobierno municipal está “bajo sospecha” y ha exigido la dimisión del alcalde al considerar que es el máximo responsable político de un procedimiento que, según ha denunciado, ha terminado beneficiando a personas vinculadas al entorno del poder municipal en un contexto de grave crisis habitacional.
La portavoz socialista ha afirmado que “no ha habido igualdad en el acceso a la vivienda”, sino “privilegios”, y ha defendido que los hechos conocidos ponen en cuestión el uso de la vivienda protegida en un momento en el que miles de familias esperan una vivienda pública en Alicante.
Desde Compromís, el portavoz Rafa Mas ha señalado que no se trata de un error administrativo puntual, sino del resultado de “una cadena de decisiones políticas sostenidas en el tiempo”. Ha denunciado la existencia de conflictos de interés, falta de transparencia y contradicciones en los informes, y ha sostenido que el problema es “político”, no técnico.
En la misma línea, Manolo Copé, de Esquerra Unida-Podem ha defendido que el caso evidencia un modelo de política de vivienda, denunciando que el suelo público se haya utilizado para beneficiar a rentas altas mientras los alquileres y el acceso a la vivienda se han encarecido de forma generalizada. Su portavoz ha reclamado responsabilidades políticas y disciplinarias y ha exigido cambios estructurales en la gestión del suelo municipal.
Vox, por su parte, ha reclamado explicaciones adicionales y ha cuestionado la capacidad de control de la administración local, exigiendo medidas más contundentes para verificar si las viviendas están siendo ocupadas conforme a la normativa y si se han producido transmisiones o alquileres irregulares.
“Caiga quien caiga”
En su intervención final, el alcalde ha insistido en su compromiso de llegar “hasta el final” para esclarecer lo ocurrido. “Esto es repugnante e indignante”, ha afirmado, asegurando que comparte la preocupación de la ciudadanía y que no permitirá que nadie se beneficie “a costa de los alicantinos y de quienes sí necesitaban una vivienda protegida”.
Barcala ha reiterado que el Ayuntamiento colaborará plenamente con la Fiscalía y con la Generalitat para determinar si se han falseado documentos, si se han incumplido los requisitos económicos o patrimoniales, o si se han producido cesiones, ventas o alquileres fraudulentos.
Cronología del expediente explicada por Barcala
El alcalde ha cerrado su comparecencia detallando la cronología completa del expediente, que ha situado en 2007, cuando ya se contemplaba la posibilidad de destinar la parcela a vivienda protegida dentro del planeamiento municipal.
Ha recordado que en 2008 y 2010 se manejaron distintos usos para el solar, y que el expediente administrativo que desemboca en la adjudicación del suelo se inicia formalmente el 26 de enero de 2016, bajo el gobierno municipal del tripartito de PSPV-PSOE, Compromís y Guanyar Alacant., cuando se decide destinar la parcela a vivienda de protección pública mediante iniciativa privada.
Según ha relatado, la tramitación sufrió paralizaciones y reactivaciones sucesivas entre 2016 y 2018. Fue un proceso de licitación complejo marcado por varios recursos judiciales derivados del criterio de desempate del concurso, que acabaron resolviéndose por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. La decisión del altro tribunal valenciano obligó al Ayuntamiento a adjudicar el suelo a la cooperativa al haber presentado la primera oferta.
La adjudicación se formalizó el 22 de marzo de 2022, la solicitud de licencia de obras se presentó el 29 de julio de 2022 y la licencia fue concedida el 21 de diciembre de 2022. Posteriormente, en febrero de 2025, se aprobó una modificación contractual relativa a plazos de ejecución.
La edil Beljilali fue advertida el 15 de enero de posibles incompatibilidades y el alcalde tuvo conocimiento el día 27
El alcalde ha explicado que el 15 de enero de 2026 la jefa de servicio de Patrimonio advirtió de forma verbal a la concejala del área, Naima Beljilali, de posibles incompatibilidades, quien le solicitó un informe detallado. Ese informe fue remitido el martes 27 directamente al secretario general del Ayuntamiento, que se lo trasladó de inmediato.
Tras conocer su contenido, Barcala ha señalado que ordenó el 28 de enero la apertura del expediente de averiguación de hechos y, al día siguiente, su traslado a la Fiscalía, activando todas las actuaciones administrativas y judiciales posteriores.
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