La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) ha denunciado que el encarecimiento del 14 % en el precio de las habitaciones en el último año está expulsando a miles de universitarios en la Comunitat Valenciana y en el conjunto del país. La organización alerta de que el alojamiento se ha convertido en una de las principales barreras para acceder y permanecer en la universidad pública.
Según un informe reciente del portal inmobiliario Fotocasa, compartir vivienda en España cuesta ya 510 euros de media al mes, lo que supone un 61 % más que hace cinco años y un 9,8 % más que en 2024. En la Comunitat Valenciana, los precios se habían encarecido un 60,6 % en ese mismo periodo, consolidándose como una de las comunidades donde más subió el alquiler compartido. En ciudades como Castelló de la Plana, la subida interanual fue del 21,9 %, uno de los incrementos más altos del país.
Los datos publicados en mayo por el Observatori d’Emancipació (referidos al primer semestre de 2024) confirmaban esta tensión en el mercado valenciano. En Alicante, alquilar una habitación en piso compartido costaba de media 355 euros al mes, mientras que una vivienda completa equivalía al 90,2 % del salario neto de un joven asalariado. En València, las habitaciones alcanzaban los 385 euros (41 % del sueldo juvenil), y en Castelló los 290 euros (71,5 % del salario en el caso de un piso entero). El alquiler medio de una vivienda completa en la Comunitat se situaba en 888 euros mensuales, con un incremento interanual del 15,6 %.
La CREUP recuerda que para miles de jóvenes elegir universidad ya no depende de su vocación académica ni de la oferta educativa, sino del precio del alquiler en cada ciudad. Además, advierte de que las residencias universitarias estaban prácticamente saturadas, con tasas de ocupación superiores al 97 % y precios que en muchos casos superaban los 1.000 euros mensuales.
La organización considera inadmisible que la vivienda se haya convertido en una de las principales barreras para estudiar en la universidad pública y exige un plan nacional que amplíe la red de residencias, regule el mercado del alquiler en ciudades universitarias y refuerce las becas y ayudas específicas.
“La crisis habitacional estudiantil no puede seguir abordándose con soluciones parciales”, subraya la Coordinadora, que reclama la implicación de Gobierno central, comunidades autónomas, ayuntamientos y universidades para garantizar que la educación superior siga siendo una herramienta de movilidad social y no un privilegio reservado a quienes pueden permitírselo.
