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Anticorrupción investiga al rey Juan Carlos y a la reina Sofía por el uso de tarjetas de crédito opacas

La Fiscalía Anticorrupción está investigando los gastos de varias tarjetas de crédito que usaban el rey Juan Carlos de Borbón, la reina Sofía y varios de sus familiares más directos.

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La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido una nueva investigación al rey emérito que fue iniciada por Anticorrupción, que según ha adelantado elDiario.es se refiere al uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que ninguno de ellos figuran como titulares.

Por otra parte, la Inspección Fiscal ha abierto un expediente para aclarar de dónde ha procedido la filtración a dicho medio.

Entre las personas que se beneficiaban de estas tarjetas opacas no se encuentran los actuales reyes de España: Felipe de Borbón y Letizia Ortiz, según explican esas mismas fuentes. Tampoco la princesa de Asturias, Leonor de Borbón (que hoy tiene 15 años) ni su hermana, Sofía (13). Pero sí otros familiares directos del rey emérito, que Anticorrupción está rastreando.

Los movimientos financieros de esa cuenta y los gastos de esas tarjetas corresponden a los años 2016, 2017 y 2018. Es decir, son posteriores a la abdicación del rey Juan Carlos y a que perdiera su protección constitucional, que le hace inimputable por cualquier delito cometido hasta el año 2014.

En Anticorrupción no solo están analizando todos los gastos de estas tarjetas, sino también el origen de los fondos con los que se cubrían: un dinero procedente del extranjero. Son importantes movimientos de capital posteriores a 2014, por lo que los posibles delitos en ese flujo irregular de dinero pueden ser imputables a Juan Carlos I y la antigua reina consorte. La justicia española ha remitido comisiones rogatorias a diferentes países para rastrear la procedencia de esos fondos.

Por el momento, a la espera del resultado de las comisiones rogatorias y de los documentos que pueden llegar de esos países, la Fiscalía Anticorrupción ya ha encontrado indicios de un presunto delito fiscal, al tratarse de incrementos de renta no declarados superiores a 120.000 euros en un solo ejercicio. Tanto el rey emérito como la reina Sofía son aforados, por lo que esta investigación, de prosperar, será instruida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

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