El PSPV-PSOE en el ayuntamiento de Alicante llevará a la Agencia Antifraude el que considera de «pelotazo urbanístico» en torno a las posibles irregularidades en la adjudicación de viviendas públicas en la zona de La Condomina de la Playa de San Juan de la ciudad.
El anuncio de la portavoz socialista local, Ana Barceló, llega un día después de que el alcalde, el popular Luis Barcala, ordenara la apertura de un expediente de aclaración de hechos en relación con la adjudicación de las viviendas en la playa de San Juan por «sospecha» de posibles irregularidades al conocerse que la concejal de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, dos hijos de una directora general municipal y un arquitecto del consistorio fueron beneficiarios.
En las últimas horas, dicha alto cargo afectada, la directora general municipal de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, ha presentado su renuncia al puesto y volverá a su anterior designación de jefa de Contratación municipal.
En rueda de prensa, Barceló y el portavoz de la gestora socialista local, José Díaz, ha señalado que llevarán toda la documentación a la Agencia Antifraude porque se trata «del mayor escándalo» en la ciudad y coincidiendo con «un momento de crisis habitacional y de la vivienda en la ciudad y en toda España».
«Nos encontramos con un pelotazo de una promoción (de vivienda pública) de lujo en la Playa de San Juan para personas que por contactos o por tener información acceden a una vivienda imposible para cualquier otro vecino de Alicante», según Barceló, quien ha destacado que se trata de la primera promoción de vivienda pública en la ciudad en más de 20 años.
Más de 5.500 familias con problemas para adquirir una vivienda en la ciudad
Ha puesto de manifiesto que en Alicante hay 5.500 familias registradas en la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) «para adquirir una vivienda» y ha añadido que «cada día se marchan de la ciudad jóvenes y familias por no poder acceder a un alquiler asequible, y menos a una vivienda».
Para Barceló, este caso es «promoción de lujo levantada en la Playa de San Juan» con gimnasio, padel, piscinas y garaje sobre un suelo municipal tiene un alto precio en el mercado libre y, por lo tanto, es «muy golosa» y ha lamentado que haya «ido a parar a la concejal de Urbanismo, a familiares de una directora general del ayuntamiento y de un arquitecto municipal».
«Desconocemos si hay más concejales, más familiares del PP y qué va a pasar a partir de ahora pero», ha recalcado la portavoz municipal del PSPV, «hay un responsable que es Barcala, el alcalde», a quien ha acusado de un caso que «produce alarma, hastío y desafección a la política».
‘Ni un mecanismo de control’
Ha manifestado, además, que en el pliego administrativo de la licitación de la parcela pública no se incluye «ni un solo mecanismo de control para que el ayuntamiento pudiera supervisar la adjudicación de estos pisos con baremación, transparencia y publicidad», lo que «es una responsabilidad en sí misma del alcalde y del gobierno del PP, que debía haber fiscalizado desde el principio al fin esta promoción».
Además de un pleno extraordinario para que el alcalde dé explicaciones, el PSPV-PSOE sigue pidiendo la dimisión de la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, del PP, y ha añadido que «no suficiente» la renuncia de la directora general cuyos hijos han resultado adjudicatarios de las viviendas y, además, también rechazan «que ahora vuelva a su puesto de jefa de Contratación».
En este punto, ha dicho que esta funcionaria «no tiene la confianza del PSPV para seguir en un puesto de tanta responsabilidad como jefa del servicio de Contratación» y ha añadido que «al ser un puesto designado por el alcalde», que éste «la cese».
«Silencio atronador» del president y la vicepresidenta Susana Camarero
Por su parte el portavoz gestora de Alicante y diputado autonómico, José Díaz, ha criticado el «silencio atronador» tanto del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y de la vicepresidencia y consellera de Vivienda, Susana Camarero, en torno a este asunto porque «o hay trato de favor o un fallo garrafal en las adjudicaciones» de las primeras viviendas públicas que se construyen en Alicante en veinte años.
Ha recordado que este «pelotazo» se inició en 2018, apenas tres meses después de que llegara a la alcaldía Luis Barcala «de mano de una tránsfuga», en referencia a la exconcejal de Podem Nerea Belmonte, y ha insistido que se enmarca dentro de uno de los principales asuntos que preocupan a los ciudadanos.
