El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), ha desarrollado en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 la nueva ayuda para el pago del alquiler de vivienda habitual a arrendatarios vulnerables sobrevenidos por el COVID-19.
Mediante una orden ministerial publicada en el BOE, Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, se posibilita la compra de viviendas por las Administraciones y Entidades Públicas para incrementar el parque público de viviendas, con ayudas de hasta 400 euros por metro cuadrado útil de vivienda y de hasta el 60% del coste de adquisición y se incorpora también un programa de ayudas directas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio, sin hogar y especialmente vulnerables.
En concreto el art. 5 de la orden contempla que podrán obtener financiación con cargo a las ayudas de este programa las viviendas que, de forma individualizada o en bloque, sean adquiridas por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y demás entidades de derecho público, así como las empresas públicas y las entidades del tercer sector sin ánimo de lucro, con objeto de incrementar el parque público y social de viviendas destinadas al alquiler o cesión en uso.
La concejala socialista Llanos Cano destaca que los adquirentes de viviendas, para incrementar el parque público y social de vivienda destinado al alquiler o cesión en uso, podrán obtener una subvención proporcional a la superficie útil de cada vivienda, de hasta un máximo de 400 euros por metro cuadrado de superficie útil. La cuantía máxima de esta subvención no podrá superar el 60% del precio o coste de adquisición y que esta subvención es compatible con cualquiera otra subvención concedida por otras Administraciones Públicas para el mismo objeto.
El portavoz socialista Paco Sanguino ha sido muy contundente y ha manifestado que es una oportunidad única para que el ayuntamiento de Alicante adquiera un parque de viviendas público de envergadura, para no dejar en la cuneta a ningún alicantino ni alicantina.
“La vivienda habitual, además de ser una necesidad básica de las personas, es un derecho social imprescindible para desarrollar otros derechos constitucionales como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad o a la libertad. Esta media aprobada por el Gobierno de España es una medida extraordinaria que requiere un esfuerzo titánico por parte de la administración central, le pedimos al Sr Barcala que este a la altura y que por el bien de esta ciudad y de sus ciudadanos ponga toda la carne en el asador para poder beneficiarnos como ciudad de esta medida y dejar de tener bolsas de población sin una vivienda digna y adecuada”, ha manifestado el portavoz.
