La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha condenado por delitos de malversación y prevaricación administrativa al exalcalde de Bigastro José Joaquín Moya y al exsecretario-interventor de la corporación Antonio Saseta por irregularidades en la tramitación de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la creación de un nuevo sector urbanístico, así como por apropiarse de un total 312.000 euros abonados por el promotor de ese plan como agente urbanizador entre los años 2005 y 2006.
El Tribunal ha impuesto al exalcalde cuatro años, seis meses y un día de cárcel y 11 años, 3 meses y un día de inhabilitación como autor de un delito de malversación de caudales públicos, así como otros cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público como autor de un delito de prevaricación administrativa.
Por su parte, la Sala ha impuesto dos años de prisión y cinco años de inhabilitación para el exsecretario-interventor por el delito de malversación, y otros cuatro años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa cometido por omisión.
La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, establece que José Joaquín Moya deberá indemnizar al Ayuntamiento de Bigastro con 162.000 euros, así como, conjuntamente con el otro acusado, con otros 150.00 euros.
