El Gobierno ha anunciado que aprobará una prestación especial por incapacidad temporal para trabajadores afectados por la DANA en el litoral mediterráneo, junto a un amplio paquete de mejoras en la protección social que abarca pensiones, ayudas a familias con menores gravemente enfermos y medidas específicas para mujeres con patologías asociadas a la menopausia y víctimas de violencia de género.
La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha avanzado estas medidas en una entrevista en TVE. Ha detallado que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un decreto ley que crea una ayuda específica para quienes no pueden trabajar por los efectos de la DANA en las zonas costeras del Mediterráneo.
Según ha explicado Saiz, esta prestación extraordinaria será similar a la que se ha puesto en marcha en otras grandes catástrofes recientes. De este modo, se reconoce que las inundaciones y daños ligados a la DANA tienen un impacto directo en la capacidad de muchos empleados para desplazarse o desempeñar su trabajo con normalidad.
La ministra ha subrayado que las medidas que verán la luz este martes ‘extienden la acción protectora de la Seguridad Social‘ y son ‘fruto muchas de ellas del diálogo social y de la escucha a asociaciones representativas’. Con esta batería de cambios, el Gobierno trata de ajustar el sistema de protección a situaciones personales que hasta ahora quedaban peor cubiertas.
Más apoyo para familias con menores gravemente enfermos
Una de las principales novedades se centra en la prestación para familias que cuidan a menores con enfermedad grave, conocida como CUME. Esta ayuda compensa la pérdida de ingresos por la reducción de jornada necesaria para hacerse cargo del menor.
La CUME se puso en marcha en 2011 y hasta ahora estaba limitada por la edad del hijo o hija. El decreto ley permitirá que los progenitores sigan percibiéndola cuando el menor supere los 26 años, siempre que tenga una discapacidad superior al 65 % o un grado 3 de discapacidad. Además, Saiz ha indicado que esta prestación podrá cobrarse de forma simultánea por ambos progenitores, lo que refuerza el apoyo económico a familias con una carga de cuidados muy elevada.
La ministra ha recordado también que el reglamento que adecua y actualiza la prestación CUME ‘está a punto de ver la luz’. Este desarrollo normativo debe concretar y ordenar los requisitos y el acceso, lo que dará mayor seguridad jurídica a las familias beneficiarias.
Nuevas opciones para la pensión de viudedad y la incapacidad temporal
El paquete aprobado amplía igualmente la acción protectora de la pensión de viudedad. Saiz ha señalado que se permitirá acceder a esta pensión en el caso de parejas de hecho no inscritas, siempre que acrediten al menos dos años de convivencia y tengan hijos en común. Esta modificación abre la puerta a que muchas personas que compartían vida y responsabilidades familiares, pero no formalizaron su relación en un registro, puedan tener cobertura tras el fallecimiento de su pareja.
El decreto ley también ampliará los supuestos de incapacidad temporal para mujeres que sufren patologías vinculadas a la menopausia. De esta forma, se reconoce el impacto que estos trastornos pueden tener en la salud y en la capacidad laboral, y se facilita que las afectadas puedan tramitar una baja médica con una protección económica adecuada.
En paralelo, se refuerza la cobertura para las víctimas de violencia de género. Elma Saiz ha detallado que estas mujeres tendrán una prestación del 60 % de la base reguladora hasta el día 20 de la baja y del 75 % a partir de entonces. Con este nivel de protección, se busca que puedan alejarse del foco de violencia y reorganizar su vida sin quedar desprotegidas económicamente en las primeras semanas.
El paquete de medidas incluye también mejoras en las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas. Se amplía la protección de los huérfanos y huérfanas por violencia de género y se elevan las cuantías del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, que actúa cuando el progenitor obligado a abonar la pensión de alimentos no lo hace. Estos cambios pretenden reforzar el apoyo a colectivos especialmente vulnerables y adaptarlo a realidades que se han puesto de manifiesto en los últimos años.
En conjunto, el decreto ley que prevé aprobar el Consejo de Ministros combina una respuesta urgente a los daños de la DANA en el litoral mediterráneo con un refuerzo estructural de la red de protección social, especialmente en ámbitos de discapacidad, violencia de género, pensiones de viudedad y apoyo a la infancia.
