La Comunitat Valenciana se mantiene entre las autonomías con mayor riesgo de pobreza en España, pese al contexto de crecimiento económico, aumento del empleo y subida del salario mínimo. El último análisis elaborado por la Fundación Ramón Areces y el Ivie sitúa la tasa valenciana de riesgo de pobreza en el 26%, por encima de la media nacional, que se queda en el 19,5%. La región también supera la media española en riesgo de exclusión. En concreto, el 11,8% de la población valenciana se encuentra en esta situación, frente al 8% del conjunto del país.
El informe define el riesgo de pobreza como una renta por debajo del 60% de la mediana nacional, situada en 12.220 euros anuales por unidad de consumo. La pobreza extrema o exclusión se calcula con el umbral del 40% de la mediana, equivalente a 8.147 euros anuales.
La Comunitat, entre las autonomías con peores datos
La evolución general de España muestra una mejora desde 2015. La población en riesgo de pobreza se ha reducido un 12% y la pobreza extrema o exclusión ha caído un 28%. Aun así, las diferencias territoriales siguen siendo amplias.
La Comunitat Valenciana aparece entre las comunidades que superan la media nacional, junto a Andalucía, Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias. Andalucía registra el dato más alto, con un 27,7%, seguida de Murcia, con un 26,7%, Extremadura, con un 26,2%, y la Comunitat Valenciana, con un 26%.
En el extremo contrario se sitúan País Vasco, con un 9,3%, Illes Balears, con un 11,6%, Navarra, con un 12,3%, y Madrid, con un 12,7%.
El trabajo también analiza la intensidad de la pobreza. En la Comunitat Valenciana, la renta media de la población en riesgo de pobreza se sitúa en 4.819 euros anuales. En el caso de las personas en riesgo de exclusión, la renta media baja hasta los 2.710 euros.
Más de 3.000 millones para eliminar el riesgo de pobreza
El coste estimado para acabar con el riesgo de pobreza en España asciende a unos 24.000 millones de euros anuales, el equivalente al 1,8% del PIB. Si el objetivo se centrara solo en eliminar el riesgo de exclusión, la cantidad bajaría a 8.800 millones, un 0,7% del PIB nacional.
En la Comunitat Valenciana, el esfuerzo necesario sería superior a la media. El análisis calcula que harían falta 3.026 millones de euros al año para eliminar el riesgo de pobreza, lo que representa el 2,5% del PIB regional. Para erradicar únicamente el riesgo de exclusión, serían necesarios 1.181 millones, el 1% del PIB autonómico.
El empleo tampoco garantiza salir de la pobreza. Un 33% de las personas en riesgo de pobreza en España están ocupadas. En la Comunitat Valenciana, esa proporción sube hasta el 36,5%. Además, la tasa de pobreza entre la población ocupada supera el 17% en la Comunitat Valenciana y Andalucía, mientras que en Navarra se sitúa en el 6%.
Mujeres, menores y trabajadores vulnerables
El análisis constata que la pobreza afecta de forma desigual a los distintos colectivos. En España, las mujeres han pasado a tener una tasa de riesgo de pobreza del 20,3%, frente al 18,6% de los hombres. En la Comunitat Valenciana, la brecha es mayor: el riesgo de pobreza alcanza al 27% de las mujeres y al 25% de los hombres.
La evolución también resulta más negativa para ellas. En 2015, las mujeres valencianas presentaban una tasa del 24,7% y ahora alcanzan el 27%. En cambio, los hombres han reducido ligeramente su tasa, del 25,8% al 25%.
Por edades, los menores siguen siendo el grupo más vulnerable. El riesgo de pobreza entre los jóvenes de menos de 18 años llega al 36,1% en la Comunitat Valenciana, tras crecer casi siete puntos desde 2015. La población de 18 a 65 años baja del 26,8% al 24,9%, mientras que los mayores de 65 años suben del 16,1% al 21,2%.
El estudio también recuerda que la tasa AROPE amplía la mirada sobre la pobreza al incluir carencia material y social severa y baja intensidad de empleo en los hogares. Con este indicador, el aumento respecto al riesgo de pobreza supera los 6 puntos porcentuales en el conjunto de España.
Los autores advierten de que la cobertura de las prestaciones es desigual entre territorios y grupos sociales. Por ello, consideran necesario «reforzar los instrumentos de protección social» y mejorar los mecanismos de acceso a las ayudas.
