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jueves, 8 diciembre 2022

Entidades sociales se oponen a la Ordenanza que prohíbe la mendicidad

Entidades alicantinas aseguran que esta ordenanza favorece el uso discriminatorio de los espacios en la ciudad y criminaliza la mendicidad y prostitución.

El Ayuntamiento de Alicante aprobaba en el pleno de ayer, la ordenanza reguladora de Convivencia Cívica. Con ella, «se pretende preservar los espacios públicos, fomentar una mejor convivencia entre sus ciudadanos y un mayor civismo. También actuar contra las actividades de explotación sexual y la mendicidad ilegal y coactiva», aseguran desde el Ayuntamiento.

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De hecho, esta ordenanza ha salido adelante por mayoría con los votos a favor de los grupos políticos del Partido Popular (9), Ciudadanos (5) y Vox (1). En contra votaron PSOE (9), Compromís (2) y Unidas Podemos (2).

El concejal de Seguridad, José Ramón González, la calificaba como «una ordenanza muy necesaria», con la que se da «protección social a las personas necesitadas, a través de la intervención de los servicios sociales con el Plan de Inclusión Social 2020-2030».

Una ordenanza que ‘criminaliza la mendicidad y prostitución’

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Sin embargo, esta decisión no ha gustado a parte de la población alicantina, y a un gran número de entidades que ya se están manifestando en contra.

Por eso, desde estas entidades, manifiestan su «rechazo y disconformidad» con esta ordenanza, «por favorecer el uso discriminatorio de los espacios en la ciudad y criminalizar la mendicidad y la prostitución».

«Sostenemos que las medidas coercitivas son las herramientas menos adecuadas para lograr la protección e inclusión social de colectivos vulnerables», aseguran. «La imposición de sanciones sólo logrará penalizar más a estas personas y colectivos, y darles un trato como si de delincuentes se tratara», afirman en un comunicado. Además, denuncian que no se trabaja «por la atención y una igualdad real de oportunidades para los hombres y mujeres en Alicante».

«Hay que proteger a las personas más vulnerables y perseguir a las que extorsionan y explotan a otras. Esta ordenanza va en camino contrario», explican estas asociaciones. De hecho, tal y como aseguran, «las medidas coercitivas con fines recaudatorios no garantizan la resolución del conflicto. Sino que estigmatizan y empeoran la vida de las personas y despejarán las calles de aquellas manifestaciones vivas que nos recuerdan y muestran la situación de pobreza y exclusión que viven muchas personas».

Por eso, exigen la retirada inmediata de la Ordenanza Municipal de convivencia cívica.

‘1 de cada 10 alicantinos come gracias a la solidaridad de los demás’

Mercedes García, miembro de la Plataforma contra la pobreza y exclusión social en Alicante, afirma a Diario de Alicante que esta ordenanza es «como volver atrás, y les da igual lo que digan las entidades sociales».

«Es bastante triste», asegura Mercedes, «porque te das cuenta que no escuchan. El problema de este Ayuntamiento es que no escuchan». Mercedes reconoce que llevan muchos años intentando hacer un Plan de Inclusión. «Pero no tiene sentido tener un Plan de Inclusión para ayudar socialmente, y hacer esta ordenanza que huele a otros tiempos».

«Los tiempos han cambiado», afirma desde esta plataforma. «Es escandaloso que pensemos que estas personas tienen la culpa, cuando es la sociedad quien les ha dejado atrás. Y encima las criminalizamos», denuncia.

Además, comenta que los servicios sociales de Alicante «están haciendo muy poco, porque no tienen gente». Y recuerda que «1 de cada 10 alicantinos está comiendo gracias a la solidaridad de los demás, que han duplicado y triplicado la atención».

Mercedes, concluye asintiendo que los barrios y las periferias están, cada día, más deteriorados, «y sólo atendemos la fachada turística del litoral».

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